Dos de cada tres residencias privadas se incorporan a la primera patronal de Álava

Su primer objetivo es «fomentar el diálogo social» porque el sector carece de un convenio provincial y se aplica el estatal que fija unas condiciones laborales que desde hace años son motivo de conflicto y protesta. A partir de ahí, se buscará hablar con las instituciones sobre la aplicación del decreto del Gobierno vasco. «Esto último puede suponer un incremento de costes tan importante que ciertos centros se toparán con una inviabilidad real desde el punto de vista económico», avisa Raúl Barambones, socio director de Despachos BK, que asesora de forma legal a ACRA.

Porque las residencias salen de la pandemia con un horizonte bastante oscuro. Y no sólo por los efectos letales que el virus ha tenido sobre el colectivo de personas mayores, sino que muchos equipamientos se han tenido que acoger a concursos de acreedores e incluso varios ya han tenido que bajar la 'persiana'. Por eso, se priorizará poner en valor su trabajo y dedicación. «Son tiempos muy complicados para este sector. Está sucediendo algo inaudito y es que hay plazas libres en la gran mayoría de las residencias sin que se haya existido un incremento de los precios», evidencia Barambones.

La asociación también tiene como objetivo la formación de profesionales y promover la innovación y la mejora de los servicios «favoreciendo lazos entre centros que permita la mejora de los servicios y el intercambio de experiencias».