Los tres consistorios alaveses que no colaboraban con el Ararteko cumplen tras la amenaza penal

La situación trascendió a finales de marzo, cuando Manu Lezertua remitió al Parlamento vasco su balance de actividades de 2022. La memoria explicativa incluía por primera vez un apartado en el que el Ararteko criticaba la «progresiva falta de atención» de algunas administraciones y daba a conocer el envío de una batería de requerimientos recordando a las instituciones los deberes pendientes. En la lista de receptores aparecían varios departamentos del Gobierno vasco, el Consorcio de Aguas, tres ayuntamientos de Álava -Alegría, Laguardia y Añana- y dos juntas administrativas de la provincia, la de Aretxabaleta y Zuatzu. Además, constaban tres consistorios guipuzcoanos -San Sebastián, Anoeta y Hondarribia- y nueve vizcaínos: los de Derio, Galdakao, Gorliz, Ortuella, Sopela, Sopuerta, Plentzia, Portugalete y Santurtzi.

La carta de apercibimiento es el paso previo a la interposición de una denuncia si la situación hubiera persistido. La institución del Ararteko solo ha llegado a la vía penal una vez desde su fundación: en 2003 llevó a los tribunales al entonces alcalde de Pasaia, Juan Carlos Alduntzin, de Batasuna, por negarse reiteradamente a encabezar los escritos municipales con el lema 'ETA No'. El regidor fue inhabilitado durante nueve meses.

El asunto era diferente esta vez. De cariz técnico. El equipo de Lezertua flexibilizó durante los años más duros de la pandemia los plazos para que las administraciones, especialmente las de menor tamaño, respondieran a sus solicitudes de información cuando se registraba una queja cuidadana, pero algunos de los retrasos empezaban a considerarse ya sangrantes. Apelar a la poco habitual figura del apercibimiento era una llamada al orden que, parece, ha surtido efecto.

Consultados al respecto, la mayor parte de los ayuntamientos interpelados por el Ararteko alegaron falta de medios y «malos entendidos» administrativos para justificar la demora. «Vamos al ritmo que podemos», explicaba el alcalde de Sopuerta. En Derio alegaban que la queja se había «traspapelado». Todos han cumplido con sus obligaciones entre enero y abril.

El incumplimiento de varias administraciones ha servido también para que el propio Lezertua y algunos de los partidos con representación en el Parlamento hayan puesto sobre la mesa la necesidad de reformar la ley que regula la actividad del Ararteko, cuyo contenido sigue siendo el mismo desde que se fundara la institución en los 80. El grupo PP+Cs ha registrado una proposición para que se inicie una revisión que tampoco ven con malos ojos EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

En una entrevista concedida a EL CORREO el pasado enero, el Defensor del Pueblo vasco deslizó la posibilidad de que la revisión de la ley le otorgue una potestad sancionadora que actualmente no tiene para hacer frente a los incumplimientos que se alarguen. Se trata de una vía que ya explora su homólogo navarro y que PP+Cs contempla en su propuesta: plantea multas de 1.500 euros renovables cada veinte días de demora.

El proyecto de ley debe recibir el visto bueno de los servicios jurídicos del Gobierno vasco y superar una primera votación en el Parlamento para que pueda ser tramitada. No queda claro que pueda activarse porque los grupos mayoritarios, PNV y PSE, no se mostraron especialmente interesados en abordar la reforma. Consideran que «la inmensa mayoría» de las instituciones responden en tiempo y forma al Ararteko.