Tráfico de drogas

Un camello a la fuga en Vitoria

Parece una cantidad mínima, pero al constatarse policialmente que su finalidad era el «menudeo» y tratarse de una sustancia estupefaciente que «causa un daño grave a la salud», el Código Penal contempla una horquilla que va de los 3 a los 6 años de cárcel. «Muchos camellos (vendedores de droga) no son conscientes de las consecuencias que entraña su práctica ilegal», instruye un ertzaina especializado. Aparte de la cocaína, en esta calificación de drogas duras entran también la heroína o el speed.

Aunque la Justicia admite excepciones. Que el sospechoso carezca de antecedentes penales y si también puede acreditar su drogodependencia. Como es el caso. En este sentido, hace varias semanas su caso fue agendado para una posible conformidad entre la Fiscalía de Álava y su letrado. Ese preacuerdo muy probablemente le hubiera supuesto librarse del ingreso en Zaballa. Le habría caído una pena simbólica, una multa económica, la exigencia de seguir con un tratamiento de desintoxicación y el compromiso de dejar esa vida en el alambre.

Tampoco se presentó a esa vista preliminar. El presidente de la sala, Jesús Poncela, le dio una segunda oportunidad. Citó a todas las partes para el pasado lunes. Todo parecía indicar que esta vez aparecería y habría final feliz.

Con ese panorama, el lunes se personaron en la sala principal del Palacio de Justicia el fiscal Álvaro Delgado, el defensor Óscar Díaz de Guereñu y los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Ana Zulueta. También debían comparecer varios testigos del operativo en este narcobar, uno de los más longevos de la ciudad.

Sin embargo, el único sospechoso no se presentó, perdiendo su opción de salir como un hombre libre –aunque con condiciones draconianas– del edificio. El juez Poncela firmó entonces una orden de busca y captura para este joven.

«Cuando sea identificado en una situación aleatoria, como un control de tráfico, será detenido y posiblemente encarcelado hasta el juicio», dicen medios policiales. El escrito fiscal original plantea 3 años y 4 meses de cárcel –a 258 días de reclusión por cada gramo incautado– o su sustitución por 7 años de expulsión de España.