Una de cada trece inspecciones forales a las residencias privadas de Álava acaba en sanción

En una respuesta a las Juntas Generales de Álava, el denominado Servicio de Registro e Inspección de los Servicios Sociales no desvela a qué geriátricos ha impuesto sanciones. Sin identificarles, eso sí, explica que uno lo ha sido por no presentar la documentación de forma reiterada y, por eso, se le impone una sanción de 13.000 euros. Dos tendrán que pagar 12.000 euros a la Administración por no aportar los papeles que se le habían requerido y otros tantos por obstruir la labor inspectora. Uno tendrá que abonar 4.000 euros por el incumplimiento de requisitos de higiene.

Esas labores de supervisión se realizan sin previo aviso y al menos una vez cada año. La Administración foral revisa la correcta limpieza de las instalaciones, su estado de conservación y que son adecuadas para las características de sus usuarios. Se comprueba que la prestación de los cuidados básicos es adecuada, que se cumple con la higiene personal, la limpieza de la ropa y la atención por parte del personal sociosanitario. También se cerciora de que se ofrece una alimentación adecuada y variada. Otro asunto que ya se tiene en cuenta es que se disponga de un plan de atención individualizada (PAI) sobre cada uno de los usuarios que incluye una valoración integral, los antecedentes médicos, su grado de dependencia y una evaluación periódica del cumplimiento de unos objetivos definidos.

Se da la circunstancia de que hay algunos geriátricos que, por el seguimiento de incidencias o por las quejas, han tenido que abrir sus puertas en más de una ocasión a alguno de los cinco miembros del Registro e Inspección de los Servicios Sociales. Así, por ejemplo, DomusVi Gazalbide ha sido examinada seis veces en los últimos veinte meses, cinco en el caso de IMQ Igurco y cuatro en Sanitas-San Martín.

Estos 79 controles se han podido realizar de oficio y por la presentación de alguna queja por parte de familiares o trabajadores que, de alguna manera, estén relacionados con el geriátrico. Desde principios de 2023, la Diputación ha recibido 31 quejas sobre el trato que han recibido los usuarios o por los episodios de otro tipo dentro del equipamientos. El inadecuado cuidado es la queja más habitual -se menciona en once ocasiones- y en uno de los casos incluso se habla de «posibles daños en la salud» del usuario, según sus allegados.

Hay cinco quejas sobre la escasez de la plantilla y otras tantas por la pérdida de enseres personales como dentaduras, gafas, ropa, andadores o audífonos. También se han registrado episodios más graves como tres fugas, una de las cuales desgraciadamente acabó con el fallecimiento de una persona con Alzhéimer por una caída; acoso a un familiar por parte de los trabajadores del centro y una presunta agresión sexual por tocamientos que en estos momentos está investigando la Ertzaintza.

Todas estas son las quejas de las familias y no se trata de hechos probados. Porque la Diputación alavesa revisa todos los episodios que recibe en su 'buzón', sin excepción. Pero hay situaciones como esa agresión sexual que se comunica a las autoridades policiales y judiciales competentes en esta materia. A partir de ahí, eso sí, los responsables forales comprueban si existe alguna clase de incumplimiento de la normativa por parte del geriátrico y esto puede desembocar en una sanción. El caso no se da por cerrado y se mantiene un seguimiento continuo para saber si se ha solucionado la situación o no.

Se registró un escrito de los allegados de un residente que hablaba de «malas condiciones» en la cocina, personal sin carnet de manipulación de alimentos, «desagüe en mal estado» o un almacenaje «incorrecto» de los huevos. En estos casos se hace una comprobación 'in situ' para ver si la situación es real y se desarrolla una inspección sanitaria. Si la situación se confirma, se evalúa el alcance de estos incumplimientos y se hace una serie de requerimientos a los responsables del centro. En los siguientes meses, se realizan una serie de visitas para comprobar si la situación se ha solucionado y en caso negativo se procede a su sanción.

La misión del Servicio de Inspección de Servicios Sociales es verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a los centros de servicios sociales, tanto forales como privados, que actúan en el territorio histórico, de modo que se garanticen los derechos de las personas usuarias y se busque una mejora continua de la calidad en los servicios sociales. El personal de los geriátricos tiene la obligación de abrirles la puerta y entregarles toda la documentación que se les requiera. Son una especie de 'exámenes sorpresa', ya que estas inspecciones pueden llevarse a cabo en días laborables y festivos, tanto en horario diurno o nocturno. Sin previo aviso. Además de residencias, también se vigilan viviendas comunitarias, apartamentos tutelados, centros y pisos de alojamiento, centros de día, equipamientos rurales, y centros ocupacionales o de atención temprana.