Urtaran pretende exigir trabajos comunitarios obligatorios a los aspirantes a pisos sociales

En concreto, el borrador contempla que los beneficiarios deberán firmar un impreso en el que se comprometen a colaborar durante «un mínimo» de 8 horas mensuales con entidades sin ánimo de lucro, colectivos y asociaciones del barrio en el que estén ubicadas las viviendas con el objetivo de implicarse en el desarrollo comunitario del barrio. Además, habrá que «presentar la documentación justificativa» que sea requerida. El manual de uso y mantenimiento de las viviendas también recuerda a los inquilinos que deberán contratar los servicios individuales de luz y agua, tras lo que aporta las direcciones y teléfonos de Iberdrola y Amvisa.

El parque «ampliable» de diez pisos -cuya ubicación está por concretar- está pensado para jóvenes menores de 31 años que tengan unos ingresos inferiores a tres veces el salario mínimo interprofesional, 2.207 euros al mes. De hecho, la renta de alquiler se fijará en función de los ingresos ponderados que tengan los inquilinos, uno de los cuales -eso sí- deberá ser mayor de edad y llevar al menos tres años empadronado en la capital alavesa. Según las bases, las rentas serán de 150, 200, 300 y 400 euros, en función de su salario. Si hay más solicitantes que pisos, se hará «un sorteo público». La duración del contrato será de al menos 5 años y podrá prorrogarse de forma anual siempre que no se supere el tope de los 31 años.

El grupo municipal de Irabazi salió este lunes al paso para rechazar la obligación de hacer trabajos comunitarios «para acceder a un derecho fundamental como es la vivienda», según denunció el único edil de la formación, Óscar Fernández. En paralelo, el concejal apostó por «eliminar» el requisito de 3 años de empadronamiento en Vitoria, por ampliar la edad máxima de los aspirantes a 35 años y por crear «una lista baremada» que sustituya a los sorteos.

EH Bildu y Podemos también criticaron que Ensanche 21 exija una contraprestación social a los inquilinos. Félix González, de la coalición abertzale, rechazó imponer «requisitos adicionales» al pago del alquiler y Juan Cerezuela, de la formación morada, acusó a Urtaran de entrar «en un terreno muy peligroso al introducir condiciones que lo único que hacen es vulnerar un derecho».

El primer grupo de la oposición, el PP, anunció su rechazo a la propuesta del Gobierno sin entrar a debatir la letra pequeña. El concejal Miguel Garnica zanjó que «es al Gobierno vasco el competente y no el Ayuntamiento», por lo que emplazó al Gabinete de Iñigo Urkullu a «implicarse» en esta materia en Álava. «Hasta ahora el Ayuntamiento no ha promovido vivienda de alquiler porque no es de su competencia», agregó.

Los portavoces del Gobierno recordaron que en abril del año pasado Ensanche 21 aprobó una convocatoria para alquilar seis pisos en las calles Chiquita (cuatro) y Cuchillería (los otros dos) del Casco Viejo que incluía la controvertida obligación de hacer trabajos comunitarios. «Entonces se aprobó por unanimidad -aunque ese detalle no trascendió-, así que o algunos no sabían lo que votaban o, quizá, han cambiado de opinión a siete meses para las elecciones», dejaron caer. Aquella promoción, por cierto, quedó suspendida porque las viviendas fueron asaltadas por 'okupas'. Las mismas fuentes agregaron que el IV Plan Joven, que cuenta con aportaciones de todos los grupos, también proponía contraprestaciones sociales para acceder a un arrendamiento.

Salvando las distancias, Bilbao tiene en marcha desde hace ocho años un plan similar, en este caso enfocado a estudiantes de posgrado del campus de Bizkaia. Se trata del programa 'Jóvenes Solidarios', en el que se ofrecen pisos compartidos por un precio simbólico de 55 euros a cambio de que los estudiantes colaboren en proyectos comunitarios. En este caso se exigen 16 horas mensuales de tareas sociales. Es decir, el doble que en Vitoria.