Qué se hace con las toneladas de amianto que Vitoria no quiere en Gardélegui

Protegidos de la cabeza a los pies, con mascarilla provista de filtros especiales, guantes, buzos, gafas de protección y calzas, recuerdan a los sanitarios de las UCI luchando a brazo partido contra el virus en lo peor de la pandemia. Ellos también le plantan cara a un enemigo tan despiadado como invisible. También se enfrentan a diario a una tarea arriesgada que pocos, muy pocos, están dispuestos a afrontar. Retiran tuberías y cubiertas de amianto, un material muy utilizado en la construcción en los 70 y 80 (prohibido desde 2002) altamente cancerígeno cuando se fisura, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las comunidades de vecinos y también para las administraciones. Retirarlo es complejísimo. Y su gestión como residuo peligroso es ya una patata caliente política con la que Vitoria no quiere tragar.

Un informe foral del Observatorio de Residuos sostiene que en 2021 (son los datos más recientes) se recogieron 5.600 kilos, de este material en todas las cuadrillas alavesas. Pero en el sector dan poca o ninguna verosimilitud a la cifra. «Solo yo paso y bastante de esa cantidad», sostiene José María Manzano, al frente de Recoex, la empresa pionera de las tres certificadas para recoger amianto en la provincia. La suya es una actividad tremendamente regulada: cada pedazo de tubería, cada placa que retira queda registrada y acompañada de un minucioso expediente que se remite al Gobierno vasco. Sin embargo, fuentes de Lakua preguntadas por este periódico sobre cuántas toneladas se retiran, en realidad, cada año en el territorio aseguran desconocer el dato. Este es un problema enorme, tanto que nadie parece atreverse a ponerle cifras.

Pum, pum, pum... El fontanero está picando para tratar de localizar una fuga de agua en la tubería general de una comunidad de vecinos del barrio de Coronación. De pronto, se detiene: la bajante es de amianto. Solo empresas especializadas como la de José María Manzano pueden manipular este material. Tras recibir el aviso, se presenta con una cuadrilla de operarios que, con los EPI colocados, más que obreros recuerdan a los cazafantasmas. «Cuesta mucho encontrar gente que quiera trabajar en esto», asegura el jefe.

Con el tajo abierto, aquello más que una obra al uso, recuerda a una operación de microcirugía . Pero aquí no se trata de salvar a nadie: lo suyo es extirpar. Con sumo cuidado, los de Recoex retiran la bajante y la manipulan como si entre las manos tuvieran kryptonita. Como ocurre con los cadáveres con enfermedades infecciosas, introducen la tubería de amianto en bolsas de un material plástico especial, homologado. Una vez en el pabellón, colocan los residuos en palés para transportarlos hasta Bistibieta, en la localidad vizcaína de Lemoa. Allí va a parar todo nuestro amianto, enterrado en celdas específicas y cubierto por capas y capas de tierra compactada.

Además de ser un problema de salud pública y medioambiental, en Vitoria la gestión de este material peligroso ha cobrado en los últimos una dimensión política que ha derivado en una inesperada herida abierta entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento, ambos gobernados por el PNV. El desastre de Zaldibar provocó que desde Lakua se pidiera a la capital alavesa aceptar «la mayor cantidad de residuos industriales», incluido el asbesto. El pasado noviembre, durante una intervención en el Parlamento, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, desplegó su hoja de ruta sobre la gestión de residuos, que incluía la posibilidad de que el Gardélegui –que ya es el mayor basurero de Euskadi y uno de los más grandes de España– se ampliara y pudiera empezar a aceptar amianto.

En un gesto que no ha sido para nada habitual durante su mandato, el alcalde, Gorka Urtaran, se desmarcó de Lakua. Y se negó en redondo a la posibilidad de que el vertedero vitoriano pudiera habilitar celdas específicas para acoger los polémicos desechos cancerígenos. «Este Gobierno municipal no va a solicitar el ingreso de residuos peligrosos», dijo a través de sus portavoces. De ahí no se ha movido. Y eso que Tapia se lo ha llegado a pedir invocando, incluso, a «la solidaridad y responsabilidad». Ni por esas. En esto, Urtaran cuenta con el apoyo de toda la oposición en pleno, algo incluso más inusitado que el hecho de que el regidor se plante ante Lakua.

De momento, el Ayuntamiento tiene la obligación de tener listo un inventario de todo el amianto que queda en la ciudad. Es una norma estatal y el listado debería estar preparado en 2025, para retirar los elementos más peligrosos antes de 2028. A dos años de que expire el plazo, el tiempo juega en contra del Consistorio. A estas alturas ni tan siquiera está claro si ya se ha comenzado con la ímproba labor de catalogar el asbesto desperdigado por nuestras calles y edificios. Consultados al respecto, portavoces del área de Terrtitorio y Acción por el Clima (PNV) –el departamento que ostenta la responsabilidad de gestionar los residuos que se generan en la ciudad–, derivan a la concejalía de Administración Municipal (PSE). Al cierre de esta edición, este periódico no había logrado obtener respuesta.

«Para hacernos una idea, el 70% de los patios de manzana de la ciudad tienen uralitas», asegura otro veterano del sector. «Vitoria, como cualquier otra ciudad española está infestada de amianto». Otro ejemplo. En 2020, un informe de Amvisa revelaba que en las entrañas de la ciudad todavía se conservan cien kilómetros de tuberías con asbesto. El plan municipal pasaba por retirarlo en siete años.

Está claro que Vitoria no quiere ni oír hablar del dichoso amianto. Pero, ¿qué pretende hacer con las toneladas que empresas como la de JoséMaría retiran cada año? Si no es aquí, ¿cómo y dónde se van a guardar todas las tuberías, uralitas y depósitos que todavía quedan en los edificios (tanto públicos como privados) en la capital alavesa? Nadie parece tener respuesta. Hoy por hoy, se está optando por barrer el problema bajo la alfombra... del vertedero vizcaíno de Bistibieta.

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