Tapia defiende el «derecho» a saber si hay bolsas de gas en el subsuelo alavés

El objetivo, añadió, es que este proyecto siga vivo y «bajo control público» y por ello el Gabinete Urkullu presentará el recurso judicial ante de que expire el plazo en las próximas semanas. El departamento de Tapia se aferra a que el Ministerio de Transición Energética ya revisó el pasado año el proyecto de exploración del pozo –una actividad que requerirá, de acuerdo a ese plan, 20 millones de euros y cerca de dos años de trabajos– y emitió un informe de impacto ambiental favorable.

Sin embargo, a la hora de solicitar la correspondiente licencia municipal de actividad, el Ayuntamiento vitoriano se la ha denegado con el argumento de que el Plan General de Ordenación Urbana –el documento urbanístico de mayor rango– no contempla la exploración minera de este tipo en el municipio. Políticamente ningún partido, salvo el PNV, apoya el sondeo. Incluso sus socios de gobierno, el PSE, se han declarado abiertamente en contra. El alcalde, Gorka Urtaran, ha defendido como Tapia el derecho a conocer lo que guarda el subsuelo, pero ya ha alertado de que hará una defensa cerrada del Plan General y por tanto de la denegación de la licencia.

Los argumentos de Tapia no convencieron al parlamentario de EH Bildu Mikel Otero, autor de la interpelación a la consejera. El político abertzale criticó la decisión del Ejecutivo y cargó contra el proyecto liderado por Shesa, «una sociedad ruinosa que chupará otros cuatro millones de euros del presupuesto de 2021».

A su juicio, el PNV «está solo» en su defensa de la exploración en el subsuelo de Vitoria «y es mentira que haya bolsas de gas. Hace tiempo que sabemos que no es así». Armentia-2 es un yacimiento ya explorado a finales de los 90, operación en la que no se llegó a ninguna conclusión al parecer porque la tecnología de la época no permitió alcanzar la supuesta bolsa. Otero fue más allá y aseguró que aunque el Gobierno vasco gane ese recurso «nunca podrá explotar este pozo porque la Ley de Cambio Climático que está tramitándose en el Congreso ya ha cerrado esa posibilidad».

En su proyecto, Shesa contempla una inversión de 19,2 millones de euros y dos años de trabajo y pruebas para buscar gas, «investigando de su existencia en cantidades comerciales, mediante la ejecución de un sondeo exploratorio y la realización de ensayos de producción». Si la Justicia le da la razón y obtiene los permisos, el proceso se iniciaría con la obra civil y le seguiría la perforación y ensayos de corta duración a 1.200 metros de profundidad. En un año se podría saber si conviene seguir adelanto o sellar el pozo.

La consejera recordó que Euskadi «no puede funcionar sin gas natural», considerado por la Unión Europea como una fuente de «energía de transición» hacia el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono para el año 2050. Y denunció la «hipocresía» de quienes  se oponen a la exploración y explotación de gas en el País Vasco pero no cuestionan que sea importado desde países como Argelia o, sobre todo, Trinidad y Tobago.