Esa tarde del 14 de julio del año pasado hizo bastante calorina en la capital de Euskadi. A pesar de que el coronavirus ya condicionaba el comportamiento, la vida resultaba bastante más relajada que ahora. Una cuadrilla de chavales salió de la bolera de la ... calle Tenerías y se quedó en la zona de cháchara. El volumen de su conversación molestó sobremanera a un ciudadano.
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El jueves tuvo lugar una vista oral en el Juzgado de Instrucción número 1 por el show que presuntamente protagonizó ese hombre aquella tarde de verano. A través de videoconferencia –está preso por otra causa–, el procesado intentó justiciar lo acontecido en esa calle del barrio de Coronación. «Estaban armando jaleo y sólo les pedí que se callaran. Nada más. No saqué ninguna placa, creo que cuando me vinieron los policías locales sí les mostré mi dni. Pero ahí quedó todo», sintetizó a preguntas de la Fiscalía.
Cuando la representante del Ministerio Público le interpeló por la placa de policía naval que le encontraron agentes reales, el investigado trató de hacer memoria. «Es un regalo de un comandante que conozco en Cádiz porque hice la mili allí. También me dio una boina verde, que guardo con mucho cariño», indicó sin pestañear.
Cuando le tocó hablar al denunciante, la historia cambió. De raíz, además. «Un amigo me lanzó un vaso de plástico y ese señor apareció de repente. Nos dijo que era 'secreta' y nos sacó una placa (de policía naval), nos amenazó con que tenía una pistola y que la iba a utilizar», aseguró a la sala. «Nos faltó al respeto. Primero nos dijo que nos iba a matar, luego que iba a llevarnos al calabozo», ahondó. «Estaba tomado (borracho en el argot latino)».
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En similares términos se manifestó un compadre suyo cuando fue llamado al estrado de la sala 5 del Palacio de Justicia de la Avenida de Gasteiz. «Hizo como que tomó la matrícula de un coche nuestro».
Como las amenazas prosiguieron, los jóvenes llamaron al 092. La patrulla que intervino le requisó la placa. «La tenía en un bolsillo. Nos dijo que la había comprado en un mercadillo», rebobinó uno de los agentes locales que acudieron a esa petición de auxilio. Procesado por un delito de usurpación de funciones públicas, el encausado se expone a una sanción de 360 euros.
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