Solaria logra alquilar 80 hectáreas para sus dos grandes huertos solares pese al rechazo inicial

Arrazua-Ubarrundia, por un lado, y los municipios de Barrundia y Elburgo por otro, siguen siendo los lugares elegidos por Solaria para levantar estas dos plantas fotovoltaicas con el horizonte del año 2024 como fecha aproximada. Aunque en la compañía asumen que «todo dependerá de la concesión de las licencias de obras» y, para ello, los proyectos deberán contar con la declaración de impacto ambiental. «Pero seguimos dando pasos adelante, cerrando contratos de alquiler y buscando terrenos» en el entorno de la subestación que Red Eléctrica Española tiene en Ullíbarri-Arrazua, en el término de Vitoria.

Su objetivo es soterrar la línea que une los puntos donde se genera la energía y donde se conecta a la red y por ello busca reducir esas distancias y agrupar parcelas. Solaria cuenta ya con «algo más de 80 hectáreas» cerradas mediante contratos de arrendamiento, lo que supone «algo más» de la mitad de los terrenos necesarios para levantar los dos huertos.

Y se siguen manteniendo negociaciones con algunas juntas administrativas, pero principalmente con particulares que están dispuestos a ceder sus tierras durante un máximo de 36 años. Es el periodo de tiempo por el cual la compañía solicita alquilar los terrenos, a 1.500 euros por hectárea al año. «Estamos buscando zonas de escaso valor agronómico y poco fértiles y que causen el menor impacto visual», aseguran desde la empresa energética. De esta forma, quieren evitar situaciones como las vividas hace un año, cuando comenzaron los contactos con los concejos y los agricultores.

Entonces, encontraron «recelo, más que rechazo, a nuestras propuestas» en los diferentes núcleos rurales y, por ejemplo, solo la junta de Mendibil dijo sí a la cesión de parcelas, mientras que Arzubiaga y Durana votaron en contra. «Hemos tratado de explicar bien a la gente nuestros planes y las ventajas que pueden tener para sus tierras», sostienen portavoces de Solaria, porque «nosotros vamos a arreglar los caminos rurales. Si las fincas están cultivadas en el momento de comenzar la construcción, se indemnizará a los agricultores con el importe de la cosecha». Y si tienen que dejar de trabajar esas fincas, «normalmente son compensados, con lo que mantienen sus ingresos». Además, en Solaria «les ofrecemos diversos trabajos, por ejemplo desbroce de tierras dos o tres veces al año y también servicios agrícolas» en la propia planta fotovoltaica. Una vez cumplido el contrato, «desmantelamos la instalación y dejamos los terrenos en el mismo estado que se encontraban».

La empresa energética cifra en 350.000 euros el importe que desembolsaría -a los ayuntamientos en cuyos terrenos se construya el huerto solar- en concepto del impuesto sobre construcción, Instalaciones y obras (ICIO). «A esto habría que sumar el de bienes inmuebles (IBI) y el de actividades económicas (IAE)».

La Ley de Administración Ambiental aprobada por el Parlamento vasco, por la mayoría de PNV y PSE, otorga al Gobierno el derecho de imponer proyectos de «interés público» por encima del criterio de los ayuntamientos. Solaria aplaude esta medida porque «nuestros planes van en esa línea de utilidad pública».