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Luz verde definitiva a la construcción de 960 VPO de alquiler protegido en Salburua. El Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria han limado a última hora sus polémicas diferencias recientes para sacar adelante un convenio que estaba en negociaciones desde 2018, aunque su ... origen se remonta a 2007, cuando 543 de ellas quedaron paralizadas. Los pisos, que se levantarán en Arkaiate y Larrein, darán un gran impulso a la promoción de alquiler social, que acumula cerca de 9.000 demandantes en la capital alavesa.
Las instituciones han salvado este jueves los últimos escollos, que radicaban en la rehabilitación de viviendas municipales. El Ayuntamiento había puesto como condición la reforma de 62 pisos municipales a cambio de ceder los suelos para la construcción de los nuevos bloques. El punto crítico se encontraba en que el Consistorio preveía recuperar la titularidad de esos hogares veinte años después y en buen estado. Lakua, por su lado, advirtió de que esa cláusula ponía «patas arriba» el acuerdo porque no podía justificar la inversión en un patrimonio ajeno.
La salida a la negociación, que parecía enquistada tras numerosos acercamientos en los últimos años, se encuentra en que la cesión de esas 62 viviendas municipales será «permanente». Es decir, el Gobierno vasco accede a asumir su rehabilitación y su salida al alquiler social, pero sin la obligación de devolverlas cuando transcurran dos décadas.
La entrega se realizará por paquetes y empezará con 15 pisos seis meses después de la firma del convenio. Hay que recordar que en esta relación de viviendas municipales se incluyen las 42 de Bustaldea (Goikolarra), cuya reforma está aplazada hasta la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El tira y afloja de la rehabilitación, sin embargo, no ha sido el único, ya que la principal diferencia parecía encontrarse en la bonificación del Impuesto de Construcciones (ICIO), para el que el Gobierno vasco planteaba un 95%. Pese a las reticencias iniciales del Ayuntamiento de Vitoria, el convenio recoge esa ventaja fiscal.
El acuerdo resuelve un problema que llevaba enquistado desde 2018 pero que se remonta a mucho más atrás. En concreto, a 2007. Fue entonces cuando las dos instituciones firmaron un plan para construir más de un millar de viviendas protegidas (en propiedad) en diferentes zonas de la ciudad. A pesar de que cerca de la mitad se ejecutó, 543 de aquellas VPO quedaron pendientes. De hecho, algunas de ellas tienen la construcción muy avanzada o finalizada. Con este acuerdo se aprueba su reubicación a parcelas de Arkaiate y Larrein y la salida al mercado protegido a corto plazo. A ellas se suman ahora 417 de nueva promoción, también en el mismo entorno.
Tanto el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola (PSE), como el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), han celebrado haber sellado el acuerdo prácticamente in extremis, en la recta final del mandato del regidor. Arriola lo ha definido como «un paso adelante para la ciudadanía vitoriana y para las miles de personas que requieren de una vivienda asequible». Urtaran, por su lado, celebró que el recién firmado acuerdo «acompasa la construcción de nueva vivienda protegida con la rehabilitación del parque residencial municipal».
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