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Los viticultores están pendientes del envero -el cambio cromático- y la maduración de la uva antes de arrancar con la vendimia entre finales de agosto ... y principios de septiembre. Es lo tradicional. Nada cambia en la rutina de la producción. Pero para un grupo de bodegueros agrupados en ABRA hay un componente extra de malestar y frustración. Promovieron una denominación de origen de Rioja Alavesa -consiguieron, de hecho, el plácet del Gobierno vasco- y se marcaron el objetivo de sacar a la venta sus caldos con el etiquetado propio Arabako Mahastiak (Viñedos de Álava).
Pero por segundo año consecutivo no podrán hacerlo. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que en el verano de 2022 frenó el proyecto alavés. Fue el primer envite de la ofensiva judicial iniciada desde Logroño. Aún no se ha resuelto. Y lo condiciona todo.
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Porque entre las medidas cautelares asociadas a ese recurso está la prohibición expresa de comercializar vino bajo la nueva denominación. Es decir, como aún no se ha resuelto la causa principal, los bodegueros no pueden usar etiquetado al margen del tradicional de Rioja, pese a que el proyecto alavés cuenta con los parabienes del Ejecutivo de Lakua, lo que permitiría su venta en el mercado nacional.
La resolución de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV se está haciendo esperar desde el 22 de julio de 2022. Aquel día quedó vista para sentencia la demanda que había interpuesto el Consejo Regulador contra una resolución dictada por el entonces viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, que abría la puerta a la creación de una denominación de origen propia al margen de Rioja.
En su contexto
2016. ABRA impulsa la iniciativa con 40 bodegas; una cifra que después no se ha consolidado. En 2017, el Consejo Regulador intentó parar el proyecto creando los vinos de zona y municipio.
El embrollo judicial. En 2021 el Consejo Regulador lleva a los tribunales al Gobierno vasco para frenar Viñedos de Álava. En julio de 2022 se deja visto para sentencia y, desde entonces, se está a la espera de la votación por parte de los jueces. A principios de 2023 se inicia otro procedimiento que queda suspendido hasta que e resuelva el primero.
El organismo gestor de Rioja expuso ante los magistrados que el proceso que había iniciado el Gobierno vasco (y resolvió a favor de ABRA en octubre de 2022) supondría un «daño irreparable» para la marca Rioja, mientras Lakua respondía -entonces con Arantxa Tapia como consejera y principal valedora- que la intención de la agrupación de bodegueros era diferenciar los vinos de esta zona del territorio histórico para ofrecer a los consumidores una información clara y precisa sobre su origen. Los jueces aún tienen que decidir.
Así que quienes se integraron bajo el paraguas de la nueva Denominación de Origen Rioja Alavesa pueden tener un registro de viñedos y bodegas e incluso elaborar vinos propios. Sin embargo, no puede venderlos con esa etiqueta singular alavesa. Esa vía sin salida ha hecho que prácticamente ningún profesional haya apostado por esta nueva denominación y, en la práctica, la ha paralizado.
«No dudamos en la Justicia. Pero constatamos que aquellos que tienen interés en el fracaso de 'Viñedos', y por lo tanto en la monopolización en exclusiva de la actividad económica por antonomasia de la zona, sacan provecho e injusta ventaja de la importante demora que sufre nuestra causa judicial», critica Emilio Aguillo, presidente del Consejo Regulador 'provisional' de 'Viñedos de Álava', ente que tendrá capacidad para decidir asuntos tan determinantes como los rendimientos, las ayudas o las propias evaluaciones de las vendimias.
Sus palabras apuntan directamente hacia quienes controlan la DOCa Rioja. «Los grandes y únicos afectados por dicho retraso son todos los bodegueros que en el ejercicio de sus derechos creen que 'Viñedos de Álava' es la solución a la continuidad de su actividad económica», remata Aguillo en conversación con EL CORREO.
En todo caso, el embrollo judicial no acabará ahí. Cuando se solucione el capítulo del recurso se reactivará un segundo pleito abierto a principios de 2023 que pivota sobre la concesión de la protección nacional transitoria -la fórmula legal que permite las ventas en el mercado nacional-. Es decir, la incertidumbre sobre 'Viñedos de Álava' persistirá.
Emilio Aguillo pone voz a la profunda indignación de ABRA, mientras que el Gobierno vasco opta por la moderación sobre este asunto en la nueva legislatura a la espera de que el fallo del TSJPV «clarifique la posibilidad de inscripción como denominación de origen protegida en el registro comunitario».
El actual director de Calidad e Industrias Alimentarias del Ejecutivo autonómico, Raúl Pérez Iratxeta, defiende que «se tramitó la solicitud correspondiente a una nueva denominación de origen cumpliendo escrupulosamente lo indicado en la Ley de ordenación vitivinícola como en el Real Decreto por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción».
Cuando la consejera Amaia Barredo era diputada en Álava apostó de forma clara en una entrevista con este periódico por un modelo como el que existe en muchos puntos de Europa. Esa vía no rupturista que viene defendiendo desde hace años el diputado general, Ramiro González; «la subdenominación de origen para Rioja Alavesa dentro de Rioja».
Esto no quita que la institución foral, antes y después de Barredo, haya mantenido un tono crítico con la actitud del Consejo Regulador y más cuando consideran que las decisiones se toman mirando a Rioja Alta y Rioja Oriental, y no tanto a la parte alavesa. Porque la Diputación siempre ha apostado por una diferenciación y un modelo más cercano de producción, que cuide el viñedo y que busca tipologías de vinos asociadas al tipo de parcela.
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