Responsables de Miñano se niegan a comparecer por el 'caso De Miguel' en las instituciones alavesas

Los representantes políticos del territorio histórico querían conocer, entre otros asuntos, detalles sobre el contrato para la ampliación del centro empresarial que fue el origen de la denuncia presentada por la abogada-urbanista Ainhoa Alberdi, quien desveló que De Miguel y sus socios le habían reclamado el pago de una comisión de 100.000 euros por mantenerla al frente de un contrato.

Un acuerdo para la expansión que ha permanecido 'activo' hasta la publicación del fallo sobre este proceso que sentó a 26 personas en el banquillo de los acusados, incluidos destacados cargos y militantes del PNV. Entonces, el diputado general de Álava, Ramiro González, instó al resto del consejo de administración (pese a ser titular de tan sólo el 32,93% de la sociedad pública) la ruptura del contrato suscrito con Stoa -empresa del arquitecto Sergio Fernández condenado por los delitos de coacciones, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil e inducción a la prevaricación-, pese a que la sentencia aún no sea firme.

Tanto las Juntas como el Ayuntamiento buscaban respuestas sobre la relación contractual que mantiene Ochandiano (el segundo principal condenado por el 'caso De Miguel') con el parque tecnológico de Álava. Y es que tras la celebración del juicio volvió a trabajar en las instalaciones de Miñano como contable y, de hecho, su imagen sigue luciendo en la página web corporativa de esta institución pública.

Ante la falta de respuestas en el legislativo alavés y el Consisitorio de su capital, EH Bildu comunicó este viernes que su siguiente paso será reclamar la comparecencia de la directora general y el gerente de esta sociedad pública en el Parlamento vasco. «Creemos que todavía el parque tecnológico tiene muchas explicaciones que ofrecer no sólo a las instituciones sino también a la ciudadanía», sostienen los portavoces de la coalición abertzale.