Cerca de 1.500 personas mayores viven en residencias públicas, de gestión indirecta o en una de las plazas concertadas con centros privados que hay en Álava. Los precios se calculan en función de la capacidad económica que tiene cada uno en base a su ... pensión y patrimonio. Existe una tarifa general de 1.190,75 euros cada mes y otra de carácter especial de 1.492,97 para quienes tienen rentas más altas (es decir, por encima de los 2.000 euros mensuales). Pues resulta que no todos pueden hacer frente a ese gasto por sus circunstancias personales y eso ha generado una deuda que, según datos a los que ha tenido acceso EL CORREO, ascendió a 1.331.381 euros en 2023.
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No es una situación particular o puntual, sino que esa cantidad ascendió en 2021 a 1,49 millones de euros y en 2022, a 1,22 millones. Es decir, desde la pandemia esa deuda ha superado los cuatro millones. Se han recuperado 1,35 millones y, por lo tanto, los impagos en los tres últimos ejercicios ascienden a 2,69 millones.
No se trata de personas sin recursos económicos, ya que la Diputación es quien corre con los gastos a través de ayudas en esos casos, sino aquellas que no disponen de liquidez ('cash') o patrimonio suficiente de fácil ejecución en el momento de sufragar las tarifas. Este puede ser el ejemplo de una persona con una pensión baja, pero con patrimonio inmobiliario. En estos casos, se permite al usuario que sufrague en la medida que sea posible, eso sí, dejándole siempre una cuantía anual de libre disposición de 1.834 euros. La cantidad restante hasta el importe correspondiente a la plaza que ocupa se va acumulando mes a mes hasta el fallecimiento o su salida del recurso social.
En esos impagos que se registran cada año se incluyen impagos presentes y pasados por parte de los usuarios de esos servicios sociales. Una deuda que el Instituto de Bienestar Social de la Diputación (IFBS) les sigue reclamando y se busca cobrar a través de distintas fórmulas.
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Lo más habitual es reclamar a sus herederos que corran con ese gasto en el que puede existir un aplazamiento de un año hasta resolver el testamento y ponerse en regla con la entidad foral, para lo que se pueden pedir el fraccionamiento en los pagos. Hay casos en los que los allegados renuncian a la herencia y en consecuencia recae al Servicio de Recaudación Ejecutiva del Departamento foral de Hacienda que tiene que solucionar esa situación y otros en los que se declara la insolvencia económica de la persona que ha incurrido en los impagos.
De esta manera, el Instituto Foral ingresó 403.156,58 euros en 2023 por aplazamientos. En 2021 fueron 379.448,18 euros y en 2022, 574.832,07 euros. Cantidades que, sin embargo, se quedan muy lejos de la deuda que se suma año tras año.
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