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Las trabajadoras de la residencia San Francisco Javier de Arroyabe, centro privado situado en el municipio de Arrazua-Ubarrundia, defendieron este miércoles su actuación tras conocerse el expediente abierto por la Diputación de Álava en el que se constataba que se había atado a un ... usuario y se incumplían los protocolos frente al Covid-19. Las portavoces de la plantilla explicaron que «no se les ata, se les inmoviliza por su propia seguridad» y, además, en este caso concreto se contaba «con la autorización de su familia».
Tampoco comparten el punto de vista de la Administración foral -que trasladará este asunto a la Fiscalía- sobre que existiese una falta de personal para un cuidado «óptimo» de los mayores frente a la pandemia. «Como no podía ser de otra manera, hemos trabajado con total rigor y entrega cumpliendo, respetando y aplicando al máximo cuantas directrices y protocolos se nos han ordenado», alegaron las trabajadores y recordaron que estuvieron «confinados» entre el 23 de marzo y el 26 de abril «para evitar que el coronavirus entrase en la residencia». Lo consiguieron y fue en la 'segunda ola' cuando el patógeno dejó dos muertos y diez infectados.
La firma Antzina, perteneciente al grupo Aneim ATE, procederá a bajar la persiana de este centro el próximo domingo. Una decisión anunciada hace apenas dos semanas a la Diputación que deja en la calle a las diez personas que forman su plantilla y obliga a que las familias de los internos hayan tenido que buscar un nuevo alojamiento en plena 'tercera ola'. «El cierre no está originado por el mal comportamiento y actitud de sus trabajadores. Somos los sufridores de tal decisión. Entendemos que se deben a intereses de la propia dirección del centro», recalcaron sus portavoces, quienes apuntaron cómo algunos de ellos llevan casi veinte años prestando servicio en este geriátrico.
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