Un registro único impedirá que los pisos turísticos ilegales se anuncien 'online'

Esta ley obligará a los propietarios de viviendas que quieran ponerlas en alquiler turístico a darse de alta en un registro único antes de comercializarse en las plataformas, como Airbnb o Booking. Una vez formen parte de este censo, se les asignará un número identificativo que deberán mostrar en sus anuncios. Se trata de una manera de proceder similar a la que funciona ahora en Euskadi, donde las empresas deben figurar en un listado del Gobierno vasco para poder operar.

Esta matrícula deberá solicitarse ante el Registro de la Propiedad, que en un plazo de 15 días -y tras analizar si cumple con la normativa local, estatal y con el reglamento de las propias comunidades de vecinos- facilitará el código de identificación para que pueda operar de forma legal. En caso de no recibir el número, no podrá comercializar su piso. Al menos, si quieren ejercer la actividad de forma legal.

El futuro decreto, y aquí la gran novedad, obligará a las plataformas a compartir con el Gobierno central sus bases de datos. Es decir, la Administración conocerá la ubicación de estas viviendas y quién es su propietario, lo que facilitará a los cuerpos de inspección -que en el caso de Euskadi son autonómicos- identificar a aquellas que no se han dado de alta en el registro oficial.

La normativa reforzará el control de manera similar sobre los alquileres de temporada, en los que se entiende que la estancia del inquilino no es permanente, como ocurre con los pisos de estudiantes o los trabajadores desplazados por cortas estancias. Los propietarios estarán obligados a dar sus inmuebles de alta en el registro y justificar cada doce meses la causa de la suscripción de dichos contratos.

El Consejo de Ministros también aprobó la tercera convocatoria de bonos al alquiler, en la que jóvenes de entre 18 y 35 años pueden acceder a una cuantía de 250 euros al mes durante dos años. Se trata de una subvención que no se aplica en Euskadi -la comunidad cuenta con sus propios planes de ayudas como Emantzipa o Gaztelagun- y de la que reniegan los socios de gobierno del PSOE. Sumar ahora considera que este programa, que es uno de los compromisos de investidura que adquirieron con los socialistas, «puede agravar el problema» por el riesgo de que se traduzca en una subida de los arrendamientos. Piden, así, intervenir los precios.