La reforma de la RGI aflora en Álava 13 millones de pagos indebidos

Semejante incremento está relacionado con la aprobación en abril del año pasado de la nueva ley de la RGI, que entre otras cuestiones ha introducido más y mejores sistemas de control y seguimiento de esta prestación. Por ejemplo, un calendario trimestral para actualizar los importes a los que el perceptor tiene derecho o la creación de nuevas unidades de inspección, así como procesos automáticos que simplifican la gestión y la agilizan. Ello ha permitido detectar antes situaciones que no debían producirse, como por ejemplo la duplicidad que supone que la Administración tuviera aprobada para una misma unidad convivencial la RGI y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ayuda de ámbito estatal cuya gestión asumió el Gobierno vasco en junio de 2022.

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El recién nombrado vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, admite el importante «impacto que la tramitación del IMV tiene en la generación de cobros indebidos de la RGI». Lo hace en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la representante del PP Laura Garrido. Torres explica que desde la asunción por parte de Euskadi de la gestión del IMV hace dos años «se han venido resolviendo solicitudes pendientes acumuladas que han conllevado reconocimientos con un volumen muy relevante de atrasos, muchos de los cuales motivan a su vez la generación de cobros indebidos de la RGI».

Este descuadre, achacable a la Administración y no a los beneficiarios, «tiene una incidencia muy relevante en los datos de cobros indebidos de 2023», recalca Torres. En concreto, apunta que el año pasado hay reconocidos 40 millones de euros en atrasos del IMV, de los que 26,6 millones se corresponden con cobros indebidos generados en la RGI.

Estas cifras, por tanto, no hablan solo de fraude en las solicitudes de ayudas. Además de la duplicidad de RGI e IMV, en la amplia mayoría de los casos de abonos indebidos se trata de pagos realizados a personas que han modificado su situación personal o familiar y han dejado de tener derecho a la prestación -o les corresponde una cantidad inferior- sin haberlo notificado a tiempo a Lanbide. O que, incluso habiéndolo hecho, la actualización de su expediente no se ha producido en el plazo necesario.

Así por ejemplo, el 60% de los casos se corresponden a pagos efectuados a personas desempleadas que encuentran un empleo y su ficha no se pone al día a tiempo. El mayor importe aflorado contrasta con que se concentra en menos expedientes. Si en el año 2022 se detectaron 44.530 casos en Euskadi, el año pasado fueron 40.199. Esto es, un 10% menos. Esto puede obedecer tanto al hecho de que los abonos indebidos relativos a la duplicidad RGI-IMV son de cuantías mayores, como a que con la reforma de la ley de la RGI estas ayudas se han visto incrementadas.