El recurso de Lakua por el gas indigna a la oposición en Vitoria y deja solo al PNV

Urtaran, que en este asunto ha navegado entre dos aguas evitando enfrentarse a su partido, de un lado, y defendiendo «el interés superior de Vitoria» dado que el Plan General «prohíbe» el sondeo de hidrocarburos en el municipio, de otro, fue receptor de muchas de las acusaciones que le señalaron ayer como «colaborador principal» del Gobierno vasco, según apuntó el PP. El alcalde, que en su día se mostró «totalmente alineado y de acuerdo» con la estrategia energética de Lakua y defendió el «derecho» a conocer lo que hay en el subsuelo, aseguró ayer que pondrá a «trabajar a los servicios jurídicos municipales para que defiendan en los tribunales que en el municipio de Vitoria no se puede explorar gas».

Pero al margen de la figura del alcalde, que gracias a ese informe desaprobatorio de la exploración consiguió aprobar las Cuentas de 2021 de la mano de los ecologistas de Elkarrekin, la ola de críticas que desató la noticia se dirigió al PNV por su empeño en realizar prospecciones en Subijana, detrás del hotel Ruta de Europa. Poco después de conocerse la intención del Gobierno vasco de acudir a los tribunales, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, justificó la decisión al resaltar el carácter «estratégico» del proyecto.

«No se está hablando de explotar bolsas de gas, sino de explorar, para conocer si existe ese recurso, en qué cantidades y si sería factible en el futuro recurrir a él. Es imprescindible conocer lo que hay en el subsuelo, independientemente de que se vaya a extraer o no», sentenció. Uno de los principales argumentos de Lakua es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que emitió el Ministerio de Transición Ecológica en 2019, que era favorable al sondeo.

La consejera mantuvo un discurso similar al que pronunció apenas 24 horas después de que Urtaran anunciara la existencia de un informe técnico que prohibía la prospección, cuando advirtió de que la vía judicial podía «tener recorrido». Algo más comedido se mostró el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, quien señaló que «será el Gobierno vasco el que tendrá que explicar la decisión». No obstante, recordó que «cuando llega algo a los tribunales, tarda mucho en resolverse» y que «pueden darse modificaciones legislativas en ese tiempo». El dirigente jeltzale se refirió así a la Ley de Transición Energética que se debate en el Congreso de las Diputados, a la que Urtaran también apeló en alguna ocasión para evitar el cruce de intereses entre administraciones gobernadas por su propio partido.

Pero el resto de formaciones, que se han desmarcado del proyecto de búsqueda de gas en el pozo de Armentia-2, respondieron con dureza al inminente recurso que interpondrá el Gobierno vasco a través de la sociedad pública Shesa (Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi). También el PSE, que forma gobierno con el PNV en las tres administraciones competentes (Gobierno vasco, Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria). «Si me dan a elegir entre Vitoria y el gas, me quedo con Vitoria. Debemos defender el espíritu 'green' de nuestra ciudad», afirmó la portavoz socialista en la capital, Maider Etxebarria.

EH Bildu, por su lado, calificó de «lamentable» la determinación del Gobierno vasco. «Intenta obtener por la puerta de atrás el respaldo que no consigue en el debate político. Esto supone un fraude democrático», acusó Amancay Villalba, concejala de la primera fuerza de la oposición. El PP, mientras tanto, reprochó al PNV estar «empeñado en destruir la Green Capital y sacar adelante este proyecto de explotación del gas por encima de todo, anteponiendo sus propios intereses». Elkarrekin criticó el «modelo energético fósil y caduco» que representa la apuesta por este recurso energético.