Ferrovial comenzará a gestionar la limpieza de Vitoria tras rechazarse el recurso de FCC

Esta última compañía, con la que el Gobierno Urtaran ha mantenido tiranteces en los últimos cursos, decidió recurrir la adjudicación por vía administrativa al sentirse injustamente tratada en la valoración técnica. La multinacional alegó; por un lado, que sólo sus cerraduras electrónicas son aptas para la instalación en los contenedores de desechos orgánicos, una de las exigencias del pliego; y, por otro, que se produjeron «graves irregularidades» en el proceso al asegurar que la mesa de contratación del Ayuntamiento debió «excluir» a su rival. La adjudicación a Ferrovial, cabe recordarlo, se produjo al segundo intento, después de declarar nulo el primer proceso de contratación impulsado por el gobierno local en 2019 y en el que la oferta más valorada entonces fue la de FCC.

Pero tras quedar segunda en el nuevo concurso, la compañía recurrió el pasado mayo ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC). Tras dos meses de espera, desde esta instancia se han desestimado «todas sus alegaciones», ha anunciado este viernes el alcalde, Gorka Urtaran, explicando que este órgano ha rechazado «todas las objeciones» de la recurrente y ha valorado el fallo como «muy buena noticia para la ciudad». En lo referente a las cerraduras de contenedores, la resolución del OARC recoge que, en principio, el modelo de Ferrovial «satisface plenamente la prescripción técnica» y, en cualquier caso, la solución ofertada es «un compromiso contractual que puede exigirse en la ejecución del contrato».

Asimismo, FCC pedía excluir del concurso a la firma ganadora por «no justificar» un millón de euros en su oferta económica. El OARC tampoco está de acuerdo en este punto y sostiene que «la oferta económica se valora automáticamente mediante una fórmula que precisa el único dato del precio ofertado y, salvo las horas del personal y la maquinaria, el resto del desglose incorporado en la documentación no tiene la cualidad de compromiso contractual». Y respecto a la forma de proceder de la Mesa de Contratación del Consistorio, el órgano administrativo considera que su actuación y las decisiones tomadas fueron correctas.

Consultados por esta decisión en vía administrativa, fuentes de FCC transmitieron ayer a EL CORREO que «analizan» la posibilidad de ir a los tribunales, y trasladaron que la resolución «confirma la tendencia de que estos órganos dan la razón a los ayuntamientos en los últimos años». Ante la resolución del OARC cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Preguntado por esta posibilidad, el alcalde indicó que «no debería afectar a la formalización del nuevo contrato». Ese será ahora el siguiente paso, así como el traspaso tanto de recursos materiales como personales de una UTE a otra, y la liquidación del contrato con la corporación saliente.

Respecto al plazo para que empiece a funcionar la nueva contrata, el regidor del PNV no se aventuró a dar una fecha y señaló que «no debería llevar mucho, pero dependerá de la buena voluntad de todas las partes». El nuevo convenio, resaltó, incorpora novedades como la renovación completa de los contenedores y la aportación de nueva maquinaria a la flota.