Las razones por las que el diputado general quiere tener voz en las iglesias de Álava

Tras el enfado mostrado por la alcaldesa, Maider Etxebarria, ante la actitud del Obispado en dicho rodaje, ayer fue el diputado general Ramiro González quién elevó su tono, habitualmente muy moderado, para exigir que las instituciones tengan «voz y capacidad de decisión» sobre el uso de estos templos aparte del puramente religioso. «Teniendo en cuenta esas cantidades, yo creo que ese esfuerzo público tiene que revertir a la sociedad alavesa», reivindicó.

Al margen de la aportación a la Fundación Catedral Santa María, los compromisos de la Administración foral con la Iglesia católica –rehabilitación de inmuebles, recuperación de objetos religiosos y mantenimiento del Museo de Arte Sacro– han supuesto en los últimos cuatro años una inversión cercana al millón de euros. El proyecto de presupuestos de 2025 prevé, eso sí, recortar la partida anual dedicada a la restauración de 190.000 a 90.000 euros. El diputado general desligó ayer esa decisión del Departamento de Cultura –que dirige el PSE– de las diferencias con la Diócesis.

«Esto va más allá» de un enfado puntual relacionado con el rodaje de una película en concreto, subrayó González. La Diputación asegura tener constancia de que otros promotores culturales previamente se han encontrado con la puerta de la Iglesia cerrada. Aunque el diputado general no quiso concretar ayer cuántos eventos no han podido celebrarse por el veto, dejó entrever que no han sido pocos los que respetando la fe cristiana han sido rechazados.

«Tiene que haber un uso religioso, pero también otro de carácter cultural. Esto hay que hacerlo a través del diálogo y el entendimiento entre la Iglesia y la Administración. Debemos tener voz y capacidad para 'codecidir' sobre el uso de estos edificios y de ese patrimonio», subrayó el diputado general, quien insistió en que esta «no es una reflexión de hoy» y que desde hace tiempo podía haber reaccionado de la misma manera si se le hubiese cuestionado a este respecto.

Los portavoces de la Diócesis declinaron ayer responder a las declaraciones de la máxima autoridad de la provincia, confiando en que mañana le transmita esa queja «de forma personal» en la primera reunión del patronato del Memorial 3 de Marzo. Y es que, según su versión, hasta ahora no habían tenido conocimiento sobre ese malestar y «nadie» lo había evidenciado en la comisión bilateral de ambas instituciones.

Este choque público entre la Iglesia y las administraciones públicas no había tenido precedentes hasta la semana pasada en Álava. Habitualmente han tratado de limar asperezas con suma discreción y remar juntos en proyectos clave como ha sido la restauración de Santa María y su exitoso 'abierto por obras'. El naufragio de una unidad de cuidados paliativos en el antiguo convento de las Brígidas o el polémico relevo en la dirección de Egibide, el 'gigante' de la Formación Profesional (FP) en Euskadi, se gestionó desde la discreción por parte de las instituciones públicas, aunque trascendió el malestar con el papel del obispo en ambos casos.

En esta ocasión, el vaso finalmente rebosó la pasada semana cuando el equipo de 'Sacamantecas' trasladó a las instituciones su perplejidad ante el rechazo del Obispado a que pudiesen grabar una escena en el altar mayor de la Catedral Vieja. La primera en reaccionar fue Maider Etxebarria, quien tachó la decisión diocesana de «absolutamente lamenta