Ramiro González cree que «nadie» puede garantizar que vaya a ocurrir un nuevo 'caso De Miguel'

El gobernante jeltzale alegó que ni su partido ni cualquier otro puede asegurar que sean inmunes a un nuevo caso de corrupción. «Nadie tenemos la posibilidad de garantizar que vuelva a ocurrir en un momento determinado», alegó el máximo dirigente foral en una tensa intervención ante el legislativo alavés en la que hizo autocrítica y pidió perdón, pero que también aprovechó para desvelar que el Gobierno foral de Javier de Andrés siguió contratando a Stoa -el estudio de arquitectura involucrado en el caso- después de que el caso se descubriera en marzo de 2010.

Las críticas le llovieron de la oposición mientras sus fieles aliados socialistas se limitaron a «agradecer la comparecencia» sin hacer ningún tipo de pregunta. Todos reconocieron que la Diputación ha implementado las medidas de control, pero que no se ha hecho de 'motu proprio' sino que se ha seguido la misma dirección que han tomado la inmensa mayoría de las administraciones tras los numerosos escándalos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos quince años.

«Lo peor es que ustedes (en referencia al PNV) quieren dar carpetazo al asunto con argumentos falsos. No se pusieron los medios necesarios para evitarlo, no se dotó a la Ertzaintza de las herramientas para desarrollar la investigación… La propia sentencia afirma que se intentaron dilatar de forma deliberada los plazos», sostuvo Iñaki Oyarzábal, presidente del PP alavés. «Quieren hacer creer que eran unas manzanas podridas en un árbol, pero ha quedado demostrado que eran ramas enteras que vienen desde el tronco», destacó Kike Fernández de Pinedo, portavoz de EH Bildu.

Por su parte, Arantxa Abecia (Podemos) cuestionó al diputado general por qué se ha decidido romper el contrato que el parque tecnológico de Álava (PTA) mantenía con el estudio de arquitectura Stoa sin que la sentencia sea firme -el Supremo recibirá en próximas fechas el recurso de casación de trece inculpados y la propia Fiscalía- y no se ha hecho lo propio con la relación laboral que mantienen Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano (condenado a siete años y medio de cárcel) con la Administración pública, uno como técnico de la Fundación Hazi dedicada al desarrollo sostenible del medio rural y litoral y el segundo como contable del propio centro empresarial de Miñano.

«Ustedes saben que la leyes en materia laboral son especialmente protectoras hacia con los trabajadores. Es más difícil resolver un contrato laboral que uno civil. Pleno cumplimiento de la legalidad, es el principio que nos guía. No se puede hablar de cumplimiento de la ley, pero pedir que se incumpla», esgrimió Ramiro González en una comparecencia que llega 48 días después de que la jueza Elena Cabero leyese el veredicto del mayor caso de corrupción juzgado en Euskadi y 24 desde que el PP solicitó explicaciones al diputado general en el legislativo alavés. Cita que, además, tuvo lugar la misma jornada que el foco mediático se sitúa en el arranque del proceso por estafa contra los arqueólogos que situaron el origen del euskera en Iruña-Veleia, donde -a diferencia del 'caso De Miguel'- la Diputación se ha personado como acusación particular.