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La oposición en las Juntas Generales de Álava ha encontrado un filón en el 'caso De Miguel'. Por tercera vez en la misma semana se interrogó en el Parlamento territorial al diputado general, Ramiro González, sobre la histórica sentencia que condena a antiguos ... cargos territoriales del PNV a penas de prisión, entre ellos quien fuese titular del Departamento foral de Administración Local, Alfredo de Miguel, que el fallo judicial describe como 'cabecilla' de una trama que se encargó de pedir comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos 'a dedo'. Esta vez, la tensión fue menor que las dos sesiones anteriores ya que las preguntas en comisión se centraron al contrato suscrito con la empresa Stoa para la ampliación del parque tecnológico de Miñano que la sentencia declara ilegal.
González admitió que el proyecto de expansión del centro empresarial ha quedado «tocado», pero considera que resulta «imprescindible» para dar respuesta a la petición que reciben de «un número significativo» de nuevas firmas para instalarse al Norte de Vitoria. Pero el máximo dirigente foral admitió que ni tiene conocimiento de si la adjudicación recién anulada se va a sacar a concurso otra vez, ni si la empresa dirigida por Sergio Fernández implicada en la trama puede optar a recuperar el contrato. «No puedo responderle porque es una pregunta jurídica y no política», alegó el gobernante peneuvista a preguntas del portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo.
El lunes ya aseguró en el legislativo alavés que la decisión del tribunal presidido por el juez Jaime Tapia no impide a las administraciones públicas a contratar a la empresa Stoa y que el parque tecnológico rescindió «un contrato ilegal concreto», ya que estaba directamente relacionado con la red corrupta. De hecho, la firma que dirige Sergio Fernández -condenado a año y medio de cárcel- está a punto de hacerse con unos trabajos licitados por la sociedad municipal del agua de Vitoria (Amvisa).
Una rescisión que el PP mantiene que podía haberse realizado antes y que incluso una de las cláusulas del contrato plantea la posibilidad de suspenderlo «sin invocar causa alguna». «Pudieron pero no quisieron», sostuvo la conservadora Marta Alaña. El diputado general negó este extremo y dijo que se hizo cuando los tribunales lo permitieron, es decir, tras la publicación del fallo el 17 de diciembre de 2019, aunque todavía quepa la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo.
«Creo que esto que ha ocurrido no es bueno para el parque. Que este proceso de ampliación se hiciera a través de un contrato, un contrato que es nulo por ilegal por haberse producido mediante un proceso de corrupción, no es bueno para el parque. A mí me preocupa el futuro del parque, ya que es imprescindible para el futuro del territorio como centro de la innovación alavesa», sostuvo Ramiro González que, como en sus dos anteriores intervenciones, pidió «perdón» por el 'caso De Miguel' y reconoció que, «aunque fuese obvio», no funcionaron los mecanismos de control para evitar los delitos demostrados por los jueces.
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