El PNV se queda solo y las Juntas piden a las cuadrillas detalles de los contratos con la 'trama De Miguel'

Un asuto por el que se condenó por un delito continuado de tráfico de influencias a Alfredo de Miguel (ex diputado de Administración Local en Álava), Aitor Tellería (antiguo concejal de Vitoria), Koldo Ochandiano (contable del parque tecnológico de Miñano), Xabier Sánchez Robles (que fue director de Juventud en el Gobierno vasco) e Iñaki San Juan (exedil de Leioa), todos ellos cargos públicos del PNV que tienen que hacer a una pena de prisión.

Los socialistas apoyaron junto al PP la propuesta presentada por EH Bildu para que hablen en el legislativo alavés Maria del Carmen Liñares (cuadrilla de la Llanada), Francisco Javier Carro (Gorbeialdea), Alberto Ortega Melón (Rioja Alavesa), Ángel Santamaría (Añana), Aitor Aginaga (Montaña) y Eleder Zalbidea (Ayala), todos ellos antiguos cargos electos nacionalistas, para que aclaren los contratos firmados en 2005. En el jucio que sentó en el banquillo de los acusados a 26 personas, en abril de 2018, los seis apenas aportaron detalles como testigos e incluso aportaron testimonios contradictorios, unos dijeron que habían recomendado la contratación de la empresa Errexal al resto de presidentes de cuadrilla y otros dijeron que los responsables de la compañía de Iñaki San Juan acudieron directamente a ellos.

Ninguno de ellos tiene la obligación de acudir. Se pueden negar. En cualquier caso, la decisión de la junta de portavoces se trasladará a los órganos de gobierno de las cuadrillas que tienen que comunicarse con sus antiguos responsables.

Sin embargo, la votación de este martes demuestra una vez más que la fidelidad entre socios-que les sirve para gobernar en la inmensa mayoría de instituciones de Euskadi- no será absoluta esta legislatura y hay asuntos en los que demuestran sus discrepancias. Ya mostraron sus desavenencias sobre la defensa socialista del Estatuto de Gernika y, entre otros, el apoyo jeltzale a la búsqueda de gas en el pozo de Subijana-2. Esta vez la decisión tiene un perfil más político, ya que supone la sentencia que el 17 de diciembre sacudió los pilares del PNV al condenar a antiguos cargos territoriales del PNV a importantes penas de prisión.