Los dueños de Uleta llevan al Ayuntamiento de Vitoria al juzgado en plena batalla por los 300 chalés

El nuevo giro recrudece el pulso entre el Ayuntamiento y los propietarios de Uleta, al entrar de lleno en los tribunales. El objeto del recurso, presentado en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria, se centra en que el Gabinete Urtaran admitió a trámite la suspensión de la adjudicación de esos trabajos, y que obligó a parar las máquinas de inmediato. Lo lógico, además, es que no sea el único capítulo judicial, ya que el recurso se centra en el mero hecho de que el Gabinete Urtaran aceptara a trámite la suspensión, no sobre su resolución final. El gobierno local resolvió esta cuestión hace apenas unas fechas, cuando el recurso judicial ya estaba interpuesto. Como se preveía, la Administración ratificó su veto a la obra.

El nuevo escenario en que se adentra el conflicto por Uleta se produce en pleno debate sobre la necesidad de construir un nuevo vial para conectar el eje Este-Oeste por el Sur de la ciudad para descongestionar el tráfico actual, agravado tras la implantación del BEI. Aunque el alcalde ha advertido de que descarta la carretera que atravesaba Olárizu «tal y como está», grupos de la oposición como EH Bildu y Elkarrekin Podemos cargaron contra él con fuerza por «resucitar» un proyecto que llevaba años «enterrado». El equipo de gobierno, por su lado, encargará un estudio de alternativas que estará listo a principios de 2023 para buscar la solución al tráfico del Sur, sin descartar un nuevo vial.

Los promotores, por su lado, insisten en desarrollar una parte de la antigua Ronda Sur como primer paso para completar la construcción de 294 viviendas. De hecho, ya han hecho pública su intención de llevar a cabo toda la urbanización. Los propietarios reactivaron el plan, paralizado desde 2009, cuando el Gabinete Urtaran publicó el pasado verano un primer avance del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que planteaba la desclasificación de los suelos que no habían sido urbanizados. Entre ellos figuraba Uleta, que pasaría a convertirse en rústico.

Esta apertura de la vía judicial supone una vuelta de tuerca a una disputa por los terrenos cada vez más compleja. El Ayuntamiento forzó la paralización de la obra a través de un recurso administrativo presentado por el concejal César Fernández de Landa (PNV) y la directora de Urbanismo, Izaskun Iriarte, ante el Consistorio. Es decir, los representantes del Consistorio en la asamblea de propietarios de Uleta elevaron una reclamación a su propio gobierno local. Esa circunstancia fue recibida con «estupor» por los promotores, que están decididos a agotar la vía judicial.

No es el primer movimiento que realiza Urtaran para tratar de paralizar la obra. Además de los criterios y objetivos del Plan General, que recogía la desclasificación de los suelos, impuso la suspensión de nuevas licencias urbanísticas durante dos años en 25 zonas de la ciudad, hasta la aprobación definitiva de la nueva norma urbanística –los plazos son muy ajustados–. Los propietarios insisten en que cuentan con un permiso anterior, mientras que el gobierno local asegura que sus permisos están «vencidos», que es «ilegal» realizar la urbanización de Uleta por fases y que «no habrá indemnizaciones millonarias» para los promotores. El Ayuntamiento también cuestiona la participación de Yarritu en la obra por su condición de «licitador y adjudicatario» al mismo tiempo. Sin embargo, en las últimas semanas, Urtaran volvió a emplazar a los propietarios a buscar «acuerdos» para desatascar la situación.

La urbanización de los terrenos de Uleta en sí misma llega por primera vez a los tribunales. No obstante, los propietarios ya mostraron su disposición a explorar el recorrido judicial en cuestiones más burocráticas o de planeamiento. Primero, al demandar al Consistorio en 2021 por «silencio administrativo» en el proyecto de reparcelación sobre los planos, que no sólo afectaba a Uleta, sino también a Berrosteguieta. Y después, al asegurar que el expediente de contratación de las obras de la Ronda Sur fue «borrado» de forma «intencionada» en la plataforma pública del Gobierno vasco. Lakua lo negó y alegó un «error» informático.