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Ni rastro de un «trastorno mental transitorio», como esgrime la defensa. A lo sumo, estrés o ansiedad por los términos económicos de su separación matrimonial. Así lo manifestaron ayer viernes los dos psiquiatras que trataron a Javier R. antes y después de que matara a ... su exmujer, María José, y a la que fue su suegra, Florentina, hace casi cuatro años.
En el colofón de la quinta sesión del juicio por el doble crimen de la calle Julián de Arrese, ambos especialistas –sin relación entre ellos– sí citaron signos compatibles con el «estrés» o la «ansiedad». Pero descartaron de pleno alteraciones en el procesado que le nublara el raciocinio o le precipitara a colarse en el bloque de su antigua pareja sentimental para acabar con su vida y con la de su exsuegra la mañana del 20 de abril de 2018.
«Se sentía perjudicado (por el proceso de divorcio)», trazó el psiquiatra que le asignaron cuando Javier pidió la baja laboral, semanas antes del doble crimen. Visitó su consulta «seis o siete veces». La última vez, unos siete días antes de que acuchillara repetidamente a sus dos víctimas y las abandonara agonizantes en diferentes estancias del bloque de Lakua-Arriaga.
Estos hechos se juzgan desde el lunes en la Audiencia Provincial de Álava. Los nueve miembros del jurado popular marcarán los límites de la posterior sentencia a cargo de la magistrada Elena Cabero. Este lunes testificarán más expertos médicos. El martes, todas las partes expondrán sus conclusiones. El veredicto ciudadano se espera para el miércoles. Mientras que el fallo de la jueza, quien decidirá los años a la sombra, se demorará días o semanas.
De vuelta a la sesión de ayer, el facultativo que controló la baja laboral de Javier –la solicitó un par de meses antes del ataque– le vio con una preocupación «similar a otras separaciones, pero vivida con más intensidad». Según indicó, María José y Florentina «estaban muy presentes, ambas figuras aparecían de la mano. Él se sentía perjudicado por ambas». En octubre había firmado una pensión mensual de 750 euros para colaborar en la crianza de sus dos hijos menores en común. Le recetó un ansiolítico «como se hace en la mayoría de las ocasiones».
El diagnóstico no varió durante su paso por la cárcel de Zaballa. La psiquiatra que le trató allí no apreció «psicopatología» alguna. Ni cuando entró en prisión –el 23 de abril– ni meses después.
También adquirió mucho peso el testimonio de los ertzainas encargados de peinar los escenarios; el ascensor y el portal en el que acabó muriendo María José y el descansillo del séptimo piso donde hallaron a su madre, que falleció camino del hospital.
Estos especialistas sostuvieron que en ambas estancias había muchas manchas de sangre «a baja altura». Esto significa que supuestamente Javier las acuchilló cuando «estaban tumbadas o arrodilladas». Hallaron evidencias de que ambas se defendieron. Y que sufrieron «una agonía», lo que engarza con la versión de la asociación Clara Campoamor de que hubo ensañamiento. Las acusaciones le piden una horquilla de 50 a 60 años de cárcel. La defensa solicita 8 años.
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