La prostitución cae a mínimos en Álava

Aunque está permitido hacerlo, la mitad de los prostíbulos no ha subido la persiana ante la ausencia de clientes. Y mientras asociaciones como Sidálava, que ayudan a la inserción de estas personas a través de su programa Nahikari, ayudan cada vez a más mujeres que atraviesan serias dificultades económicas, la lacra de la trata tampoco desaparece del territorio. El pasado verano la Policía Nacional detuvo en Vitoria a un hombre y una mujer acusados de explotar a nigerianas en distintas ciudades del país y en otoño otro hombre fue arrestado por obligar a prostituirse a su pareja.

«El 2020 fue difícil para estas personas y tuvimos un incremento notable en las atenciones hacia ellas», explica Claudia Martínez, trabajadora social de Sidálava. Uno de los mayores cambios fue la necesidad a acceder a alimentos, que se disparó con la llegada del confinamiento y la pandemia. «Pasamos de atender a 30 personas periódicamente a facilitar comida hasta a 130», destaca esta profesional que ofrece asistencia a más de 300 personas que ejercen la prostitución en Álava. Otras recibieron una ayuda puntual de 300 euros en el marco del fondo Azken Sarea Indartzen del Gobierno vasco, destinado a quienes atraviesan dificultades económicas pero no tienen acceso a la RGI. Cáritas y la Iglesia alavesa también alertan de una subida en la atención prestada a mujeres vinculadas a la prostitución. En algunos casos, Cáritas apoyó económicamente a quienes carecían de padrón y no tenían recursos para subsistir. Berakah, por su parte, acoge y forma a una docena de mujeres rescatadas de la trata en pisos tutelados.

«La situación para ellas es precaria. Sin padrón no existen en la ciudad, son prácticamente invisibles, y no quieren alquilarles pisos o habitaciones al no poder presentar ingresos y contratos», advierte Martínez. Un 36,5% de estas personas se encuentra en situación irregular. El 38% reside en el lugar en el que ejerce y forma parte del denominado sistema de plazas, pero otras se ven obligadas a quedarse en casa de alguna compañera o a sobrevivir en furgonetas.

«Apenas están abiertos tres de los ocho prostíbulos del territorio porque ya no resultan rentables. Casi no hay movimiento y funcionan como bares», apunta Martínez. Aunque entidades como Sidálava conocen los pisos en los que se ejerce la prostitución, la pandemia ha terminado de trasladar esta actividad de las calles a la intimidad de los inmuebles, lo que complica su tarea de localizar y acompañar a estas personas o colaborar con la Policía ante posibles casos de trata.

En 2020 la asociación sumó el reparto de kits antiCovid a la distribución de material preventivo contra enfermedades sexuales que desarrolla tradicionalmente. Las mascarillas se han unido a productos que ya venían utilizando como el gel hidroalcohólico. «Ellas son las más interesadas en protegerse ante posibles contagios y son responsables de su autocuidado, pero siempre son un blanco fácil de sospecha», lamenta Martínez, quien recuerda que un 57% de estas personas tiene hijos y cargas económicas. La mayoría son además de origen extranjero y envían parte de sus ingresos a sus países de origen, principalmente Colombia y Brasil, para sostener a sus familias.

Esta emergencia sanitaria remite a las medidas de seguridad adicionales que se instauraron en los prostíbulos durante los peores años del VIH. «Estas mujeres se están organizando para protegerse como pueden y han adquirido termómetros para protegerse en los pisos», apunta Martínez.¿Llegarán a instaurarse pruebas de antígenos o PCR en los espacios dedicados a la prostitución? «Antiguamente ellas se veían obligadas a pagar las pruebas del VIH para dedicarse a lo que muchas consideran como un trabajo y el coste de los test podría volver a recaer sobre ellas», apunta la trabajadora social.