«Nuestra propuesta del vino carece ahora de apoyos, pero los puede tener más adelante»

- ¿Por qué presentaron su iniciativa en el Congreso de los Diputados si no contaban con apoyos suficientes para aprobarla?

- Necesitábamos el apoyo del sector y fundamentalmente ellos tiene un sentimiento cercano a la propuesta que presentamos. Nosotros planteábamos modificar una ley que establece un control administrativo de los consejos reguladores. Cuando la ley original se aprobó, en 2015, nadie dijo que era una intervención política o una usurpación de las decisiones que tienen que tomar los operadores. Lógicamente cuando uno presenta una ley piensa que va a tener los apoyos suficientes y en estos momentos no los ha tenido para su toma en consideración, pero puede ser que lo tenga en otro momento. Nosotros seguimos creyendo que es necesaria.

- Habla de que el sector tiene «un sentimiento cercano a la propuesta», pero muchos bodegueros de Rioja Alavesa inmediatamente se desmarcaron de su propuesta.

- Porque el sector tiene miedo ante un ambiente tan crispado. A mí me llamó mucha gente diciendo que está de acuerdo con nuestra propuesta. El PNV gobierna en la mayor parte de los ayuntamientos de la comarca y no vamos a presentar ninguna iniciativa en contra del sector. Esta propuesta es buena para la denominación de origen y las bodegas porque a través de la diferenciación se pueden conseguir mejores réditos económicos y sociales que, a la postre, es lo que le importa al PNV.

- Su socia y líder del PSE en Álava, Cristina González, asegura que es una iniciativa rupturista aunque ustedes se empeñen en negarlo.

- Entiendo perfectamente que Cristina González ha estado sometida a una presión importante y especialmente por el Gobierno autonómico de La Rioja. Para mí, se ha posicionado de forma errónea pero eso no quiere decir que vayamos a dejar de trabajar juntos de la mano. Ella conoce perfectamente cuál es la propuesta porque ya está publicada y pone lo que pone. No inventamos nada. En ningún momento se establece una ruptura con la Denominación de Origen Rioja, sino un nuevo modelo de gobernanza y coordinación. Y eso, que yo sepa, no es una ruptura, será más bien modificar el modelo. Porque el PNV quiere trabajar en un modelo de denominación más descentralizado porque lo consideramos tan nuestro como lo pueden considerarlo los riojanos. Sabemos que existe un arraigo y un valor que no queremos perder.

- ¿El PSOE en algún momento sugirió que les iban a apoyar?

- El ministro de Agricultura (Luis Planas) nos sugirió en el último momento que, visto el ruido mediático que se había generado alrededor, buscáramos el diálogo entre las partes. En lugar de establecer un debate brusco en el Congreso, que se intente buscar esos puntos de acuerdo que venían en la propuesta. En cualquier caso, si hubiéramos perdido la votación, tampoco hubiera pasado nada.

- ¿Pero tenían la esperanza de que algún partido les apoyase?

- Cuando uno hace una propuesta en un parlamento, sabe que la puede ganar o perder. Creo que nuestra propuesta no se la han leído la mayor parte de los partidos políticos, porque la propuesta lo que dice es que se creen consejos reguladores en aquellas denominaciones que tengan zonas diferenciadas y lo mismo sirve para Rioja, el cava o Jumilla. El debate se enrareció de tal manera que prácticamente era imposible salir del sí o no.

- ¿Esperan alguna clase de avance vista la postura en contra de los cambios que mantienen el Consejo Regulador y el Gobierno de La Rioja?

- Pues es difícil, no lo voy a negar. Esta es una demanda que existe desde hace muchos años y cada vez hay enfrente un frontón más grande que considera que no debe haber ninguna modificación sobre el modelo actual. Yo era diputado foral de Agricultura en 1995 y La Rioja contaba con 2.500 hectáreas ilegales de viñedo que tenía que arrancar o buscar una solución mediante compra de derechos de plantación siendo necesario el acuerdo con Euskadi, Navarra y el Gobierno central. Mantuvimos reuniones y allí ya les trasladamos nuestro interés en que administrativamente el Consejo Regulador dependiera de las tres comunidades autónomas. Se firmó un convenio, se ratificó por parte del Parlamento vasco, y cuando se arregló el problema de las hectáreas pues nos dijeron que ya no se podía llevar a cabo.

- Otro tema que viene también de muy lejos, el TAV. ¿Que el Gobierno vasco gestione las obras de soterramiento del tren de alta velocidad acelerará su ejecución?

- Acelera y asegura este proyecto. En aquellos lugares donde ha habido una encomienda de gestión, el nivel de desarrollo de la infraestructura ha sido mayor y más rápido. Sobre todo se asegura que la entrada tanto a Vitoria como a Bilbao será soterrada.

- Hace dos meses el Ministerio de Fomento decía que la encomienda no era «ninguna varita mágica» y ahora la ha aceptado. ¿Qué ha cambiado?

- Habilidad PNV. El anterior ministro (José Luis Ábalos), que además tenía mucho poder dentro del PSOE como secretario de organización, no permitió avances en esta dirección. La nueva ministra (Raquel Sánchez) está mucho más colaborativa en esta relación entre el País Vasco y Madrid.

- ¿Con la nueva Ley de Administración Ambiental da igual lo que opine usted como alcalde de Leza que si el Gobierno vasco considera que un proyecto es de interés público superior le tocará asumirlo?

- Yo también soy parlamentario y voté a favor de esa ley. Lo que comentó la consejera Tapia es que este modelo sólo se va a utilizar en casos concretos, cuando haya que cumplir con una ley y sean proyectos estratégicos y fundamentales para el territorio. Yo no veo que esto vaya a suponer más o menos trámites de los que los que actualmente ya se necesitan para obtener licencias y demás. EH Bildu, y en parte Elkarrekin Podemos, lo consideran como algo en lo que pueden sacar réditos políticos, pero los alcaldes, al menos con los que yo hablo, no ven que esto cercene la autonomía municipal.

- Pero dejará de ser trascendental la opinión del ayuntamiento o la contestación social que pueda existir.

- No dará lo mismo lo que diga un Ayuntamiento. Nunca. Y cuando exista un movimiento contrario a cualquier tipo de instalaciones, por las circunstancias que sean, lo seguirá habiendo de cualquiera de las maneras. Once comunidades autónomas cuentan con normativas aprobadas en este sentido y el Estado utiliza esta prerrogativa continuamente, todas las semanas, y nadie habla de cercenar la autonomía municipal.