Los propietarios de Uleta desafían a Urtaran al reactivar 300 pisos y chalés

El plan inmobiliario está paralizado desde 2009, cuando reventó la anterior burbuja. Han tenido más de una década para retomarlo, pero a los promotores les ha entrado la prisa ahora. Quieren iniciar cuanto antes la urbanización para anticiparse a la entrada en vigor del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La norma municipal de mayor peso desclasificará los suelos que se encuentran sin urbanizar. Es decir, no se podrán construir viviendas en aquellas parcelas que no estén preparadas –con calles, tuberías y otros servicios– cuando la norma entre en vigor. Es el caso de la ampliación de Uleta y de otros suelos en algunos pueblos del municipio.

El Plan General afronta precisamente hoy un paso adelante significativo. El Pleno municipal dará su visto bueno a sus criterios básicos con el apoyo de Elkarrekin Podemos. Sin embargo, no será hasta el próximo trámite, que algunos expertos fijan en un plazo de unos diez meses, cuando se podrán suspender las licencias relacionadas con la construcción.

Los propietarios, unos 50 vecinos de Armentia, en su mayoría agricultores o familiares (cerca del 65%) y promotoras como Yárritu, Basalde y Fernández de Nograro, buscan aprovechar ese tiempo para tener ya el terreno preparado para edificar y sortear así la desclasificación. Pretenden sacar la urbanización a licitación «en breve» y comenzarla a principios de 2022.

El Ayuntamiento, propietario también de una parte de los terrenos, votó en contra del inicio de la urbanización en la asamblea pero no logró frenar el acuerdo. Considera que la construcción de más chalés y viviendas bajas en Uleta es «incompatible» con su modelo urbano de los próximos años, que persigue evitar el consumo de más suelo y «cohesionar» la ciudad. No obstante, ya ha advertido de que sus planes dependerán de las posibles «indemnizaciones millonarias» que reclamen quienes tienen los derechos adquiridos. Es decir, aquellos que vieron cómo un plan general les permitía construir y, el siguiente, no.

El Gabinete Urtaran coincide en ese punto con los propietarios consultados por EL CORREO. Miembros de la junta apuestan por «buscar alternativas negociadas y evitar los juzgados». «Si nos ponemos a urbanizar y el Ayuntamiento decide pararlo, se requerirá una indemnización», avisan. Los planes de urbanización, por tanto, parecen también un punto de partida para una eventual negociación. «Hasta poco antes de entrar las máquinas a trabajar podría llegarse a un acuerdo. La negociación siempre es buena. Preferimos un mal acuerdo a un buen pleito», sostienen algunos de los que asistieron a la asamblea.

El coste de la urbanización de esa zona ronda los 20 millones de euros, y los propietarios defienden que ya han adelantado algunos gastos al dibujar el plan parcial, la configuración de las parcelas y la gestión administrativa del proyecto. Lo habitual en casos similares pasa por acordar una contrapartida para compensar la inversión que en su día realizaron y respetar los derechos adquiridos en otra parte de la ciudad. La fórmula suele concretarse en fijar otros puntos donde la construcción es viable, algo que ya puso sobre la mesa la concejala de Territorio, Ana Oregi (PNV). Eso sí, el modelo puede ser bien distinto a los chalés unifamiliares y adosados proyectados.

El sector 17 de Uleta forma parte de los terrenos a desclasificar en el nuevo Plan General, que comprenden una superficie donde se proyectaba un total de 3.800 viviendas. La mayoría (más de 3.100) se encuentran en el entorno de Salburua (sector 14, Olaran), que tampoco se activaron nunca. Algunas voces de la oposición, como EH Bildu, advierten de que esos pisos «no dejarán de construirse», sino que se distribuirán de nuevo. Esto significa que tomarán una superficie distinta, quizás más cercana a la ciudad consolidada, pero que no se renuncia a su edificación.