La nueva Ley de Cambio Climático impide extraer gas en Vitoria, pero no el sondeo

El sondeo de hidrocarburos en territorio alavés sorteará la paralización definitiva por su carácter excepcional. Pese a tratarse de una actividad que pasará a estar prohibida cuando la nueva ley entre en vigor, el texto recién aprobado -con el apoyo del PNV, además de Bildu y el resto de grupos que aupó a Sánchez a la Moncloa- da vía libre a las licencias que se encuentran activas. Es decir, aunque todavía no se hayan llevado a cabo los trabajos de exploración en el denominado pozo de Armentia-2, junto al hotel Ruta de Europa, la ley no afectará a un permiso que ya fue concedido. Y que cuenta con el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica desde 2019. En cualquier caso, el único gas que podría extraerse sería el que dieran como resultado las pruebas de exploración.

El PNV, que a última hora se decantó por votar a favor en lugar de abstenerse, ve ahora más cerca su deseo de despejar la incógnita sobre la existencia de una bolsa de gas en el subsuelo de Vitoria. Sin embargo, no consiguió que PSOE y Unidas Podemos incluyeran una enmienda que hiciera posible la explotación del yacimiento alavés.

Salvada la prospección en la normativa, queda aún no obstante otro escollo de relevancia. La licencia municipal que precisa la exploración está en manos de la Justicia, dado que el Ayuntamiento de la capital alavesa y el Gobierno vasco discrepan sobre si el ordenamiento urbanístico de la ciudad permite o no este tipo de actividades en la zona elegida. El Consistorio dice que no; el Ejecutivo sostiene que sí.

El gas ha sido también arma arrojadiza en la política alavesa. Los nacionalistas, que desde el inicio han defendido el «derecho a conocer» lo que había en el subsuelo y el uso del gas como energía de «transición», se han quedado solos en la defensa del proyecto de búsqueda de hidrocarburos en todas las instituciones (Parlamento vasco, Juntas Generales y Ayuntamiento). Incluso el PSE, su socio en las tres administraciones, terminó por «rechazar» las dos cosas, el sondeo y la explotación, aunque finalmente la ley aprobada por su Gobierno permitirá la primera. Agotado el debate político, la cuestión fundamental parece centrarse ahora en la viabilidad del proyecto. ¿Merece la pena invertir en el sondeo, presupuestado en 20 millones de euros, si no se podrá extraer el gas?

Desde el ala socialista, el diputado por Álava Daniel Senderos recalcó que aunque con la ley se puede dar la circunstancia de que el pozo de Armentia-2 se pueda investigar, no se podrá explotar, «y esa inversión por tanto no serviría para nada». El parlamentario socialista considera «ilógico» emprender una búsqueda de este tipo «en el momento actual de lucha contra el cambio climático».

En el PNV, que en principio se iba a a abstener pero terminó por votar a favor tras incorporar enmiendas que «impulsan la competitividad de las empresas y respetan el ámbito competencial vasco», mostraron dudas en cuanto a esa interpretación de que la normativa permitirá realizar la exploración de gas en Vitoria. A falta de conocer todos los matices jurídicos del texto, el presidente del Araba Buru Batzar, José Antonio Suso, afirmó que «la ley no deja opción a continuar con los permisos que estén actualmente en tramitación, con lo que el proyecto de Subijana no se podría llevar a cabo». Al margen de ello, la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal calificó la norma aprobada como «necesaria y urgente».

Desde el otro partido que conforma el Gobierno de coalición, el diputado por Álava de Unidas Podemos Juantxo López de Uralde calificó de «histórico» el reglamento porque «pone fin a los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles» y asegura que «los combustibles fósiles tienen que permanecer bajo tierra».

Por parte de EH Bildu, otra de las formaciones que apoyó la legislación en el Congreso, Oskar Matute habría preferido una ley «más ambiciosa y taxativa» a la hora de abordar el 'fracking', pues a pesar de que lo prohíbe, «permite seguir explorando» el subsuelo alavés. El representante mostró su «esperanza» de que la legislación «pueda ser mejorada con disposiciones adicionales» en el futuro. Mucho más crítico se mostró Equo, que censuró que la norma «es un insulto y perjudica gravemente a la ciudadanía alavesa y, en particular, a la Green Capital». Para su portavoz, Joserra Becerra, el nuevo marco legislativo «no paraliza los proyectos de investigación puestos en marcha como el de Shesa para perforar en Vitoria, que supone un grave error». El grupo tachó la ley de «insuficiente y decepcionante», y criticó «la falta de ambición del Gobierno».

El proyecto de exploración de gas de Subijana cuenta con un presupuesto cercano a los 20 millones de euros y requiere dos años de trabajos. La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi defiende que hay «buenos indicios» de la existencia de una cantidad de gas suficiente para destinarla a fines comerciales. En la misma zona ya se llevaron a cabo tareas similares a finales de la década de 1990, pero la falta de tecnología impidió finalizar ese estudio y extraer conclusiones certeras.