Ander Carazo
Jueves, 5 de diciembre 2024, 13:51
El Gobierno de Ramiro González -que conforman en minoría PNV y PSE- tendrá muy complicado sacar adelante sus presupuestos con el apoyo del PP. Pese al acuerdo que existe desde la pasada semana en las Juntas Generales de Gipuzkoa para que los populares apoyen el ... proyecto del ejecutivo de Eider Mendoza, el escenario en Álava es mucho más complicado. Iñaki Oyarzabal, su líder en el territorio, subió ayer el listón hasta el punto de exigir el «compromiso político» de la Diputación para la reapertura de las Urgencias del Hospital Santiago y que se frene la construcción de un centro para refugiados en Vitoria. Ni el PNV, que ha liderado la reorganización de las urgencias vitorianas, ni el PSE, que defiende el centro de inmigrantes en Arana, lo van a apoyar.
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El PP ha sido hasta ahora el socio preferente del PNV y PSE en Álava en cuestiones económicas, ya que han sido la 'llave' para sacar adelante las medidas tributarias del presente año, los incentivos fiscales para atraer producciones cinematográficas y la 'inyección' de nueve millones de euros que en junio sirvió para corregir la prórroga presupuestaria que está vigente. Pero el cuarto acuerdo de la legislatura «no le saldrá gratis» a Ramiro González, recalcó Oyarzabal, que ha anunciado 169 enmiendas parciales al proyecto de cuentas que suman 60 millones.
Esto supone de facto cambiar los planteamientos del Gobierno foral y renunciar a algunos de sus proyectos 'estrella'. Los populares piden incluir 11,5 millones para crear un 'museo planetario' en vez de trasladar el Ciencias Naturales a la Casa del Cordón o 10,2 millones para rescatar el proyecto para el soterramiento del tráfico de la rotonda de América Latina. También plantean destinar financiación al refuerzo de los servicios sociales, además de nuevos apoyos a los autónomos y la zona rural.
«Nosotros pedimos que se note la impronta del PP en los presupuestos. No nos pueden pedir apoyos gratis. Nosotros ya hemos mostrado generosidad, diálogo y negociación esta legislatura. Esto no es una enmienda a la totalidad, sino 169 enmiendas parciales», subrayó Oyarzabal.
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«Aquí hay otro contexto político al de Gipuzkoa. Nosotros hemos apoyado medidas tributarias y también la prórroga presupuestaria, pero no vamos a seguir dando un apoyo si no se aceptan los posicionamientos políticos del PP. No se puede negociar a tres bandas, ya que el PNV y PSE se sientan con nosotros y luego van a pactar los presupuestos con EH Bildu en Vitoria», recalcó Oyarzabal.
Además, el PP no contempla la negociación del presupuesto del Gobierno vasco y de la Diputación como compartimentos estancos. «Lo que necesitamos es una Diputación y un PNV que peleen por las inversiones que corresponden a Álava, que los impuestos de los alaveses reviertan en su territorio, lo que no está ocurriendo», criticó Iñaki Oyarzabal.
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Si bien el PP no da por rotas las negociaciones, la presentación de estas enmiendas parciales hacen complicado el acuerdo y más aún cuando González mantiene abiertas las vías de diálogo con EH Bildu y Elkarrekin Araba. El objetivo original del diputado general de Álava era cerrar un acuerdo ayer con alguna de las tres fuerzas, aunque ya se contempla la posibilidad de que sigan las negociaciones durante el puente o a principios de la próxima semana. El pacto con la coalición morada sigue pareciendo el más factible. Ayer el juntero de este grupo, José Damián García Moreno, señaló como principal escollo la implicación de la Administración foral en el convenio colectivo de las residencias.
El centro de refugiados de Arana ha sido precisamente el protagonista de un broco debate en el Parlamento vasco. Una moción del PP para pedir la paralización de las obras en la antigua clínica se ha saldado con un texto alternativo de PNV y PSE que defiende el «modelo vasco de acogida» y pide «robustecerlo». Sin embargo, eso no ha impedido el cruce de reproches entre todas las formaciones de la Cámara autonómica.
El PP ha apostado por su presidente, Javier de Andrés para defender el 'no' al recurso para inmigrantes. De Andrés ha argumentado que la «migración masiva» ha generado «problemas de violencia» en algunos puntos de Europa, ha cargado contra la política migratoria del Gobierno central -de la que ha dicho que «no puede ser peor»- y ha presentado a una Euskadi con un «problema de desbordamiento» en sus recursos. El líder de los populares ha recordado la situación de excepcionalidad que ha proclamado la Diputación vizcaína y ha asegurado que la dificultad que experimenta este territorio para acoger a menas «no es muy diferente a la que también tienen Álava y Gipuzkoa».
Los populares sostienen que «sólo un tercio» de los solicitantes de asilo consiguen la condición de refugiado. De Andrés cree que la construcción del centro de refugiados «conducirá a un flujo constante de personas sin empleo, sin domicilio y frecuentemente sin formación ni posibilidades de trabajar» Algo que para Arana y Vitoria será «un gran problema del que ya han alertado todas las organizaciones del tercer sector que conocen esta circunstancia».
En su moción, el PP sólo ha podido sumar el apoyo de Vox, pero casi todos los grupos han mostrado su disconformidad con el tamaño del centro. Así ha ocurrido, por ejemplo, entre las filas del PNV. El parlamentario jeltzale Aitor Urrutia ha defendido el «convencimiento» en su partido de que «sería mejor que este centro no se materializara» y de que «el modelo de gestión de este problema es el modelo vasco de acogida».
«A ustedes esta iniciativa les importa una higa. Usted sabe y quiere que le votemos en contra para salir luego a la palestra al minuto siguiente a decir que el PNV y el PSE no apoyan esta iniciativa», le ha espetado Urrutia a De Andrés. «Este grupo parlamentario no pactará con aquellos que quieren estigmatizar personas», ha defendido.
EH Bildu tampoco ha escondido sus reparos al centro. Desde la coalición abertzale, Amancay Villalba ha afirmado que el de Arana «no es el proyecto que nosotras impulsaríamos», porque «no casa» con el modelo de la coalición abertzale. Aun así, ha acusado a los parlamentarios del PP de «intentar capitalizar el malestar» generado por el centro. Los de Pello Otxandiano pactaron un texto alternativo con Sumar, cuyo único parlamentario también rechazó el centro. «Lo que le mueve al PP no es la oposición a un tipo de macrocentro que no es adecuado para unas políticas de acogida», censuró Jon Hernández a la bancada popular, a la que afeó su «petición de más mano dura» en materia migratoria.
Los socialistas han sido los únicos que no han puesto ningún 'pero' al centro de Arana. Patricia Campelo ha centrado su discurso en cargar contra los parlamentarios populares. «Es muy grave que el PP quiera asociar personas refugiadas con delincuencia, falta de seguridad con acogida y centros de atención con riesgos para la convivencia. Sabemos que quieren avivar la polémica, que quieren convertir la política de acogida en un barrizal y que quieren escandalizar a la ciudadanía. Quieren producir, frente a la seguridad objetiva, una inseguridad subjetiva».
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