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Iñigo falleció hace cinco años y un mes como consecuencia de un mesotelioma maligno epitelioide. Un tumor canceroso habitual entre quienes han tenido un contacto estrecho con el amianto. Este vecino del barrio vitoriano de Zaramaga había trabajado entre los años 1999 y 2018 para ... SIS Electricidad, una subcontrata ya desaparecida que realizaba tareas de mantenimiento en instalaciones del Ayuntamiento de Vitoria. Desempeñó su labor durante cerca de dos décadas en polideportivos, la antigua pista de hielo de Los Herrán, pisos de acogida y otra clase de edificios que contaban con calderas y cableados recubiertos con este peligroso compuesto.
Pese a las evidencias, y a que varios compañeros de Iñigo se incluyeron por Osalan en el fichero de trabajadores posiblemente expuestos al amianto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) resolvió entonces que no era derivado de una enfermedad profesional. Por eso, la familia de Iñigo y la asociación de víctimas Asviamie pedirán hoy en el Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria que se reconozca que murió por los efectos de este material.
La demanda es contra la Seguridad Social, el Consistorio, la empresa Giroa y SIS Electricidad, que estaba subcontratada por la anterior, y las mutuas de cada uno de ellos (Asepeyo, Fremap y Mutualia). La primera sesión de este juicio se celebró el 15 de septiembre y la abogada de la familia se vio obligada a ampliar la denuncia para un proceso en el que las defensas ya no tenían espacio suficiente en la mesa de la parte demandada, por lo que hoy deberán buscar una sala más grande o alguno de los letrados tendrá que sentarse al margen.
El año pasado se celebraron dos juicios relacionados con amianto que acabaron con sendas condenas para Aceros de Llodio y Forjas Alavesas. La asociación de víctimas Asviamie acusa al INSS de mantener una actitud «negacionista» por el continuo rechazo a conceder las prestaciones que derivan de enfermedad profesional, «aún cuando se trata de un mesotelioma y estar probada por Osalan la exposición al amianto en la reparación de las calderas de la calefacción de las instalaciones municipales». «Esta práctica negacionista representa un intento descarado para ocultar las enfermedades por amianto y exculpar a quienes nos tuvieron trabajando ocultando el grave riesgo para la salud», recalcan.
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