Portazo sindical a la vacunación obligatoria que plantea Ramiro González

El llamamiento de González para que «una vez que se haya ofrecido la vacuna a toda la sociedad» se busquen «fórmulas legales para hacer obligatoria» la inmunización de quienes atienden a los colectivos más vulnerables ha servido para abrir el debate en el que no encontrará el respaldo sindical. Según la presidenta del comité de empresa del Instituto de Bienestar Social de la Diputación (IFBS), Isabel Moreno Rus, este es el camino «más sencillo» mientras paralelamente «no se aceptan» algunas medidas de prevención tan básicas como el refuerzo de las plantillas, un aumento de las labores de desinfección o el control de los protocolos de seguridad en las visitas. «Aquello que tan importante nos parecía hace un año», resume.

«Es verdad que después de lo que hemos pasado (190 muertos en los centros del territorio histórico por culpa del patógeno) sería un anuncio importante, pero aquí ya estamos viendo a compañeras con la pauta completa contraen el virus. Es imposible impedir su entrada, aunque la gravedad de los casos es claramente menor a la del inicio de la pandemia y, de momento, estamos muchísimo mejor que Bizkaia y Gipuzkoa con sólo tres positivos», evidencia Montero Rus. Ella misma, que es miembro de CC OO, recuerda que apenas un 5% del personal de los geriátricos de Álava no se ha inyectado el fármaco contra el SARS-CoV-2 y que en la mayoría de las ocasiones se trata de gente que acaba de superar la enfermedad o que no lo ha hecho por contraindicaciones médicas.

«Está muy bien que reivindiquemos los derechos y la seguridad de nuestros mayores, pero también debemos apelar a la libertad individual, que cada persona diga qué es lo que cree más oportuno», opina Iñaki Andrés, responsable territorial de UGT en Álava. «No sé si sabe el diputado general que el Tribunal Constitucional ya se ha posicionado al respecto. Esa obligatoriedad que propone sería una intromisión en el derecho a la intimidad y no tiene ninguna base legal. Es buscar donde no hay», recuerda Antonio González, que es abogado y responsable de Salud Laboral en el mismo sindicato.

Es evidente que la postura de Ramiro González molesta a los trabajadores del sector sociosanitario. «Con esta idea parece que se está poniendo en duda nuestra responsabilidad y profesionalidad», denuncia Nerea Sagardui, delegada de LAB. «Esas palabras crean un precedente bastante peligroso con que se pueda obligar a las personas a ponerse una vacuna contra su voluntad para mantener su puesto de trabajo», añade Urabaien, de ELA.

Las residencias de Álava consultadas, por su parte, prefirieron mantenerse en silencio. «Nosotros haremos lo que nos exijan», se ciñe a indicar la responsable de uno de los principales geriátricos privados de la capital alavesa.