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El pulso que mantienen la cúpula de la Policía Local, comandada por la edil Marian Gutiérrez, y las bases, lideradas por varias centrales sindicales, ha vivido un nuevo capítulo. El viernes, la dirección de Aguirrelanda dio marcha atrás a su orden de exigir «disponibilidad ... forzosa» a toda la plantilla.
Ese mandato, que data del 31 de marzo, «básicamente obligaba a cualquier agente a incorporarse de manera inmediata aunque estuviera de vacaciones», cuentan desde Aguirrelanda. También, según esta versión, «era la respuesta a la negativa de los agentes a reforzar». Esta medida de protesta, unida a una huelga de bolis caídos con desigual seguimiento, está en marcha desde hace semanas. Sindicatos y el equipo directivo chocan por el futuro modelo para este cuerpo.
La negativa a reforzar se ha traducido en cierres puntuales de unidades como Menores, Violencia de Género o Denuncias. Y vivió sus momentos más delicados con la visita de los Reyes o en el desalojo definitivo de Olárizu. La falta de efectivos locales se compensó con más ertzainas.
A raíz de la orden del 31 de marzo, firmada por Gutiérrez y el concejal Gurtubai (PNV), Erne solicitó «un 20% de las mensualidades» extra para los efectivos que fueran llamados a reforzar. Los mandos ya cuentan con ese plus. Unos cien agentes de base se adhirieron a la reclamación tramitada al Ayuntamiento de Vitoria.
El viernes, el equipo directivo retiró la orden. «La dirección quería una Policía nueva y ha conseguido una Policía inédita y sin precedentes en lo que a crispación, falta de diálogo y autoritarismo se refiere», dicen desde Erne.
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