Carmen Cotelo

Fiscal jefa de Álava

«Las Policías deben coordinarse, la violencia machista no entiende de autonomías»

– ¿Por qué Alfredo De Miguel ha tardado trece años en ir a prisión por corrupto?

– Uno no entra en prisión hasta que la condena es firme.

– Eso fue el 9 de enero.

– Entonces han pasado siete meses. Y han pasado siete meses porque ha habido peticiones de suspensión de la condena, como también peticiones mientras se tramitan indultos. En este tiempo se han ido respondiendo los sucesivos recursos (varias decenas) que se han ido denegando. Luego no ha sido tanto tiempo.

– Pero entenderá que los ciudadanos contemos desde el arresto de los sospechosos, en 2010. ¿Un caso de esta magnitud evidencia la falta de una Fiscalía anticorrupción en Euskadi?

– Este asunto ha sido resuelto muy bien por parte de la Fiscalía de Álava. Se trabajó tanto en la fase de instrucción como en la intermedia, en la que se formuló un escrito de acusación muy complejo, y luego un año de juicio oral. Con un fallo condenatorio (a cargo de la Audiencia Provincial de Álava en 2019) y ratificado por el Supremo (en enero). Todo eso evidencia que la Fiscalía de Álava lo hizo y lo hace de nota. A partir de ahí me preguntas por una Fiscalía anticorrupción en Euskadi y te respondo 'perfecto'. Pero no por nuestra institución, sino por la sociedad.

– Hace seis semanas del asesinato de la vitoriana Maialen por su expareja. ¿Qué lectura hace?

– Una muy triste. La primera es que no hay mayor tristeza que una víctima que no se considere víctima. Maialen jamás se consideró víctima cuando lo era.

– Su expediente policial fuera del País Vasco era de 'riesgo extremo'. Aquí pasó a 'normal'. ¿Cómo es posible?

– Sencillamente hay que intentar coordinar todo. Nosotros contamos con una fiscal de violencia de género que marca la unidad de actuación porque, por un simple principio constitucional, el Ministerio Fiscal es un órgano único para todo el territorio nacional. Eso debería trasladarse a las policías y que exista una coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Independientemente de cuál sea su ámbito de actuación. Ahí meto a Policía autonómica (Ertzaintza) y a policías locales. Sobre todo en un tema tan candente como la violencia de género. Los parámetros deberían ser iguales en todo el territorio nacional.

– O sea, la violencia machista no entiende de autonomías.

– Por supuesto que no.

– A raíz de este caso, la Ertzaintza aumentará los agentes de la unidad de violencia de género.

– Me parece espectacular. Pero lo que pido son efectivos especializados, que no es lo mismo que un mayor número de agentes dedicados a un servicio.

– ¿El caso de Maialen sería compatible al de un alcohólico que no es consciente de su situación?

– Lo ideal hubiera sido una atención especializada que la ayudara a comprender su circunstancia. Lo más complicado con una víctima que no quiere reconocerse como tal es intentar que tome conciencia de lo que vive. Y cómo esa situación no es normal. Hay víctimas que no se consideran tales y que normalizan un dominio machista. Entienden como normal ese comportamiento de su pareja hacia ellas, cuando eso no es lo normal. O no lo saben o no quieren darse cuenta de que no es normal porque están inmersas en un mundo viciado.

– Analice todos los efectos de la ley del 'sólo sí es sí'.

– Voy a intentar explicar lo que sucede. Primero diré lo que creo que está muy bien. Por primera vez define lo que es un consentimiento expreso. Esto es muy importante porque antes era muy difícil lograr sentencias condenatorias cuando la víctima callaba ante un ataque sexual.

– Así ocurrió con La Manada.

– Por ejemplo. En esos casos nos encontrábamos en que debías convencer al tribunal de que esa persona no manifestó rechazo porque miedo o porque se bloqueó. Ahora se exige un consentimiento expreso por parte de la víctima al acto sexual. Si no existe es más sencillo obtener una sentencia condenatoria. Ese matiz me parece muy positivo.

– Por contra van 1.100 rebajas de condenas en España.

– El pero es que esa ley no contenía una disposición transitoria. Sin ella, la normativa obliga a aplicar la ley más favorable para el reo. Y al haberse bajado las horquillas inferiores de los delitos, que no las superiores, se rebaja la pena.

– ¿Cuándo dejará de aplicarse?

– Si no me equivoco, se aplicará a todos los que hayan delinquido hasta la aprobación de esta ley, en otoño de 2022. La gran mayoría se han revisado ya.

– ¿Son ustedes machistas como han asegurado altos cargos del Ministerio de Igualdad?

– (Sonrisa) Todo lo contrario.

– Por el caso Sansoheta (menores tutelados prostituidos) cambió el modelo de la Diputación a pisos con pocos adolescentes.

– Tenemos un sistema de centros de protección que deriva de un decreto del Gobierno vasco que, cuando se dictó, era de los más avanzados que existían en todo España. En Euskadi siempre se han propugnado centros de protección de menores pequeños o pisos. Esto es importante porque asegura que los menores que llegan a un centro de protección, el último recurso, van a contar con los suficientes educadores para atender sus necesidades propias. Por tanto, si hablamos de centros para adolescentes con graves problemas de conducta cuanto más reducidos, mejor. En todo caso, siempre he reivindicado y solicitado para Álava un centro para jóvenes con graves problemas de conducta. Y sigo reclamándolo.

– ¿Le hará caso la Diputación de Álava?

– Me dicen que están en ello. Entienden esa necesidad y creo que harán lo que puedan por conseguirlo. Luego ya se verá por los temas presupuestarios. Pero son conscientes de que lo necesitan. Tan conscientes como la Fiscalía de Álava.