Delitos en Euskadi

La Policía Local de Vitoria estudia dotarse de pistolas táser por el aumento de armas blancas

Según ha sabido este periódico, el Departamento municipal de Seguridad espera disponer para «septiembre» de los resultados de un informe interno sobre la implantación de este dispositivo eléctrico en la Policía Local. A partir de ahí y si -como avanzan medios internos de la comisaría de Aguirrelanda- «en principio será favorable», el siguiente paso consistirá en determinar qué unidades de este cuerpo lo portarán. También, si hay dinero en las arcas municipales para afrontar esta inversión.

De cumplirse este guion, todo indica que para finales de otoño, la Guardia urbana vitoriana podrá unirse a las policías locales de Sestao, Santurtzi y Basauri en apostar por este recurso eminentemente disuasorio. El PRI, una unidad especializada de la Ertzaintza, la porta desde marzo de 2017. La primera vez que sus integrantes la usaron fue con un atrincherado en Zaramaga, hace ahora seis años y dos meses.

El aumento de las armas blancas en la capital alavesa -y sus derivadas como botellas rotas- hace tiempo que preocupa entre las bases policiales. En los últimos tiempos se han desarrollado planes antinavajas y la Guardia urbana ha adquirido detectores de metales individuales. Sólo en 2023, Ertzaintza y Policía Local requisaron más de 200 cuchillos y similares en la capital alavesa. «Vamos a un altercado cada tres semanas, por ser generosos», coinciden agentes de base y mandos consultados por este periódico.

Hace unos meses, el movimiento asindical de la Policía Local y la central mayoritaria en el cuerpo, el Sipla, solicitaron al concejal Iñaki Gurtubai su implementación, entre otras peticiones. Este dispositivo se considera un puente entre la defensa extensible -más conocidas como porras- y el arma de fuego reglamentaria. El modelo más extendido puede soltar una descarga de hasta 50.000 voltios durante cinco segundos, lo que «inmoviliza» a una persona violenta o armada.

Aunque en abril Gurtubai priorizó las cámaras de videovigilancia, su equipo ha seguido trabajando en esta alternativa. En esta coyuntura surge este estudio interno al que aún le quedan unas semanas para cerrarse. Alrededor de 200 municipios en todo España cuentan con este recurso, que también arrastra un considerable número de detractores. Entre los defensores aparece Amnistía Internacional, al considerarlo menos lesivo que un arma de fuego.

Desde el sindicato mayoritario en la Guardia urbana, el Sipla, ven con buenos ojos esta futura adquisición. «Ante el incremento de la delincuencia y la creciente resistencia en las actuaciones policiales, instamos a dotar a los agentes con estos dispositivos. Este medio no letal garantiza la integridad física tanto de los agentes como de los delincuentes, y salvaguarda la vida de terceros en situaciones de violencia grave», consideran. Además, creen que sólo con exhibirlos «actúan como un eficaz elemento disuasorio y coercitivo». Su implementación «inmediata», estiman, contribuirá a «fortalecer la seguridad y eficacia de nuestras fuerzas policiales en beneficio de toda la ciudadanía.