La Policía Local ha intervenido en ochenta mordeduras de perro en un año en Vitoria

En estas intervenciones, los agentes acuden a los lugares donde se les demanda y, tras recabar datos de las partes, entregan la notificación de obligatoriedad de que el perro mordedor sea observado por un veterinario, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 101/2004. Este estudio clínico se debe realizar lo antes posible y el propietario puede elegir entre hacerlo internando a su perro en el Centro de Protección Animal municipal o en su domicilio, contando para ello con los servicios de un veterinario.

La patrulla, además, informa a la persona que ha sufrido el ataque del perro para que acuda a un centro hospitalario donde le realizarán las curas oportunas y deberán entregarle un parte de lesiones. Con todo ello se redacta el correspondiente informe para el Servicio municipal de Salud Pública en el que se incluyen otras posibles infracciones cometidas por los propietarios. En 2018 se tramitaron 45 expedientes de este tipo.

Con esta información, se inician los trámites referentes a la posible catalogación del perro que será sometido a condiciones especiales durante un año: deberá llevar bozal y correa no extensible de menos de dos metros y, además, deberá contar con un seguro con cobertura de 120.000 euros. En ese periodo, sus propietarios tendrán la opción de «descatalogarlo», siendo para ello preciso un informe pericial de su adiestrador o etólogo que catalogue en positivo al animal.

En el caso de que la persona afectada por una mordedura de perro quiera reclamar por las lesiones y daños recibidos, podrá hacerlo al seguro del propietario del animal. Si no fructificasen estas gestiones podría interponer la correspondiente denuncia por vía civil. También existe la vía penal por la que el año pasado se instruyeron 4 atestados en las dependencias de Agirrelanda; cauce abierto para los casos de lesiones más graves cometidas por imprudencias graves.

Si un perro muerde a otro perro, la patrulla igualmente acude al lugar si se solicita su presencia y reúne todos los datos antes de que el dueño del animal herido acuda a un veterinario. Como en el caso anterior, se redacta el correspondiente informe con destino a Salud Pública con la tramitación de las infracciones administrativas en que se haya podido incurrir y la apertura de la vía judicial, en caso de desacuerdos en temas de indemnizaciones.