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E. C.
Martes, 26 de abril 2022, 12:55
Euskadi acoge en estos momentos en recursos del Gobierno central a 602 personas que huyen de la guerra de Ucrania. En uno de estos centros gestionados por CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Bilbao ha estado esta mañana el delegado del Gobierno, Denis Itxaso. En Euskadi, la Comisión gestiona 26 centros como servicio de primera acogida para atender a las necesidades más urgentes de las personas recién llegadas.
Estas solicitudes de acogida también son recibidas en las propias comisarías de la Policía Nacional. Desde el pasado 14 de marzo hasta ayer 25 de abril, han atendido a un total de 2041 personas afectadas por la guerra de Ucrania y solicitantes de protección temporal en Euskadi. En concreto, la de Vitoria ha atendido a 375 personas, la de Bilbao a 857 y, finalmente, la de Donostia-San Sebastián a 809.
La protección temporal garantiza autorización de residencia y trabajo. En Euskadi, las comisarías de Policía Nacional (que albergan las oficinas de trámites de extranjería) de Vitoria, Bilbao y San Sebastián atienden las solicitudes y disponen de un sistema de cita previa y un servicio de traductores (facilitado por el Gobierno vasco).
Por su parte, CEAR cuenta en la comunidad autónoma con 802 plazas del servicio de primera acogida: 131 en Álava, 552 en Bizkaia y 119 en Gipuzkoa. De estas 802 plazas, en estos momentos 549 están ocupadas por personas desplazadas por la guerra de Ucrania. El resto hasta los 602 ciudadanos acogidos a día de hoy en recursos estatales en Euskadi se distribuyen entre otras ONGs.
«Normalmente», ha señalado el delegado del Gobierno, «la estancia en primera acogida trata de ser lo más breve posible. Tras este tiempo, el Ministerio asigna plaza para que éstas accedan al servicio de acogida temporal o a una fase de autonomía, ya que de conformidad al acuerdo del Consejo de Europa las personas refugiadas de la guerra de Ucrania cuentan con autorización de residencia y trabajo de manera inmediata».
El delegado también ha puesto en valor la «coordinación entre las instituciones competentes» para dar una respuesta social solidaria para asegurar en todo momento la máxima protección de los ciudadanos desplazados por la guerra en Ucrania, en especial de niños, niñas y adolescentes, garantizando que se cumplan los requisitos y medidas necesarias para mantener su protección.
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