La representación del Parlamento vasco con miembros de la Justicia alavesa. Parlamento vasco

Justicia en Euskadi

PNV, Bildu, PSE y PP también piden un segundo juzgado de violencia contra la mujer en Vitoria

Esta sala está sobrecargada por el alto número de delitos relacionados con la violencia machista. En septiembre, también llevará los ataques sexuales

Viernes, 31 de enero 2025, 00:35

Con sus propios ojos. Una delegación del Parlamento vasco comprobó ayer, jueves, la sobrecarga de asuntos que atenazan al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la capital alavesa. Tras una reunión con su titular y los máximos dirigentes del Palacio de Justicia ... de Vitoria, representantes de PNV, EH Bildu, PSE y PP mostraron su apoyo a la creación de una segunda sala especializada en Vitoria, un clamor desde hace meses en el sector.

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Y más cuando un cambio legal –que llegará tras el verano– aumentará sus competencias. Por ejemplo, investigará los ataques sexuales. Hasta ahora, esa labor recaía en los cuatro juzgados de Instrucción de Vitoria.

Las reacciones entre los grupos políticos fueron unánimes a la salida del edificio. «La lucha contra la violencia machista debe ser integral y deben contar con más medios», pidió el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi.

«El momento oportuno»

«Por la carga de trabajo y por la importancia de agilizar la resolución de los procedimientos, es una reclamación que debe ser valorada», indicó Eraitz Saez de Egilaz, de Bildu. Por su parte, Ekain Rico, en nombre del PSE, agregó que «con el cambio de la ley que se avecina, consideramos que es el momento oportuno para ajustar la actual situación y crear un segundo juzgado».

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Mientras que Santiago López, del PP y que trabajó en este palacio, presentó ayer una proposición no de ley para la ampliación a un segundo juzgado. En ella, este joven parlamentario insta a ese movimiento por «la saturación que sufre este órgano judicial que impide una respuesta ágil y eficaz, lo que genera demoras en la tramitación de los procedimientos, una sobrecarga insostenible para los profesionales que allí trabajan y, lo más grave, una merma en la protección de las víctimas».

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