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Es el mayor crimen machista perpetrado en la capital alavesa desde que existen registros. La mañana del 20 de abril de 2018, M. J. B y su madre, F., fueron salvajemente asesinadas en su bloque de la calle Julián de Arrese, en Lakua-Arriaga. El – ... por ahora presunto– asesino responde al nombre de Javier R., exmarido de la primera y antiguo yerno de la segunda.
Aquella terrible jornada, se atrincheró en la casa de su víctima. Acorralado por agentes de la Ertzaintza y la Policía Local, le prendió fuego y, sólo cuando el humo amenazó con asfixiarle, salió a la ventana de ese octavo piso, intentó deslizarle al séptimo y se precipitó al vacío. Cayó sobre una colchoneta gigante de los bomberos.Apenas sufrió un rasguño.
Acaba de concluir el sumario por esta causa, que cosechó hasta la repulsa del presidente Pedro Sánchez. El juzgado de Violencia sobre la Mujer lo trasladará en próximas fechas a la Audiencia Provincial de Álava, donde un tribunal con jurado popular decidirá el veredicto. Ese momento se prevé para «la próxima primavera», deslizan medios internos del Palacio de Justicia. «Febrero» como pronto. Se citará a casi 70 personas.
Lo que ya se conocen son las peticiones de la Fiscalía de Álava, de la acusación particular (la familia de las víctimas) y de la popular (asociación Clara Campoamor). El Ministerio Público solicitará una de las penas más gravosas jamás vistas en el edificio de la Avenida de Gasteiz. Reclamará un global de 50 años de cárcel. 25 por cada «asesinato con alevosía». Y que una vez abandone la prisión, este oriundo de Mondragón no pueda pisar Vitoria durante una década. Aparte incluirá una indemnización económica de 1,1 millones de euros para los familiares directos de M. J y ., incluidos los dos hijos menores del antiguo matrimonio.
La investigación, que se ha prolongado por espacio de tres años y medio, apunta a que no se trató de un arrebato, sino de un crimen premeditado. Y con una espiral de macabros avisos por parte del encausado, preso en un penal de Castilla y León. Divorciados desde 2017, Javier R. jamás aceptó esa ruptura. Tampoco dejó respirar a su ex. Hubo llamadas, mensajes, seguimientos. Hasta el punto de que M. J. le exigió que cualquier contacto lo hiciera mediante su abogado.
Testigos han declarado haberle oído «amenazas directas» hacia su antigua pareja y su madre, quien la apoyaba en su decisión de empezar una nueva vida. El día 19 de abril de 2018, Javier ya estuvo en el bloque, si bien no la encontró. El 20, supuestamente las siguió hasta el portal y, antes de que accedieran a la casa, comenzó a acuchillarlas. M. J tenía 43 años. Su madre, 69.
Tras conseguir su objetivo, se refugió en la que había sido su hogar hasta el divorcio. Pronto aparecieron las primeras patrullas alertadas por vecinos asustados por los gritos de socorro de ambas mujeres. Javier no se entregó. Quemó la casa y acabó lanzándose al vacío.
Tras de sí dejó un dolor incalculable. «La onda expansiva que creó destruyó las vidas de muchas personas alrededor de M. J. y de F. . Hijos, padre, hermanos, nietos, sobrinos, amigos...», remarca el entorno de la familia, que pide el cumplimiento «íntegro» de las penas.
Miguel Fernández, Fote, de la asociación Clara Campoamor, recuerda que «las deja morir largamente, una muere desangrada». De ahí su petición de 60 años. «Hablamos del primer doble feminicidio que tenemos en la historia de la democracia en Álava».
No hay constancia de ningún arrepentimiento por parte de este hombre. Es más, la acusación particular descubrió que dio potestad a una hermana y un cuñado para vender su otro domicilio en Vitoria y su coche. Obtuvieron, como mínimo, 140.000 euros. En circunstancias normales, ese dinero se habría consignado para el pago de la responsabilidad civil, cuyos máximos beneficiarios siempre serían los hijos. Pero ha ido a cancelar la hipoteca y «a un despacho de abogados de Azpeitia» –49.514 euros– que ha abandonado su defensa.
20 de abril de 2018 Javier R. mata a su ex M. J. y a su exsuegra, F. Llevaba meses acosándolas.
La autopsia. M. J. recibió 33 puñaladas y falleció de «hemorragia aguda». F., 38. Murió por «herida de arma blanca»
Peticiones de pena. Peticiones de pena. La Fiscalía le considera autor de dos «asesinatos con alevosía». Pide un global de 50 años y 1,1 millones de euros de indemnización. La acusación particular y la popular suben a 60 años.
Cualquier asesinato produce siempre víctimas colaterales. En la violencia de género, los hijos reciben un doble castigo. Sobre todo si son menores de edad. Bien lo saben en la familia Bejarano. Pese a contar con una sólida red de parientes –uno de ellos ha recibido la patria potestad–, darles un cobijo legal se ha convertido «en casi una odisea».
Y lo que es peor. Han sentido «desamparo» por parte de buena parte de las instituciones. «La normativa actual no contempla a los hijos como víctimas de la violencia de género», denuncia el entorno de M. J. y F.. «Desde el día siguiente» al doble asesinato, los parientes más cercanos tuvieron que hacer «millones de trámites, sin importar cómo estaban o se sentían». Tres años y medio después, aseguran que no han cerrado todavía el capítulo burocrático.
«Vas a ciegas. No existe ningún protocolo establecido». De no contar con tíos, primos y «otros familiares que han ayudado», esos dos chicos «hubieran acabado en un centro de menores». Su primera boya fue el descubrimiento del Fondo de becas fiscal Soledad Cazorla, una entidad de apoyo a huérfanos por violencia de género. «Pusieron a la familia en contacto con otras personas en esa misma situación». Uno de los hermanos de M. J. incluso expuso su caso en Bruselas, ante parlamentarios de la Unión Europea.
«En Euskadi, el proyecto de ley se encuentra todavía en proceso de aprobación», según el entorno de ambas víctimas mortales. Los Bejarano piden celeridad a la clase política vasca para que otros menores no sufrir un calvario parecido. «Sí se han implicado mucho el Ayuntamiento de Vitoria y Emakunde», agradecen.
En este sentido, abogan por el establecimiento de un patrón común. Éste, consideran, incluiría de oficio «una orden de alejamiento y comunicación al agresor, la declaración de víctimas de violencia de género para los hijos de las víctimas de violencia de género y el embargo de bienes de los procesados para futuras indemnizaciones ordenadas por los juzgados».
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