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A finales de 2016, el 'caso Sansoheta' acaparaba la atención mediática y social por ser el primero de abusos sexuales a menores tutelados destapado en España. Y mientras la Ertzaintza trataba de descubrir cuántos adultos contrataron servicios sexuales así como el número de chicos ... afectados, germinó otro suceso paralelo. También en Vitoria. También con víctimas adolescentes bajo el paraguas de las instituciones. Tras semanas de compleja búsqueda, una investigación de la Guardia Civil iniciada en una chabola de Treviño señaló a dos sospechosos.
Ayer miércoles arrancó en la Audiencia Provincial de Álava el juicio contra estos acusados de pagar por sexo a dos niñas en situación vulnerable durante buena parte del año 2017. Se enfrentan a peticiones de 36 y 30 años por abusos sexuales continuados y por inducir a la prostitución. Sus víctimas contaban 12 y 14 años cuando mantuvieron su primer contacto, en un locutorio y en un bar respectivamente. Cabe recordar que estos adultos desconocían la existencia del otro y que las cuadruplicaban en edad.
No hay duda de que, desde finales de 2016 y hasta otoño del siguiente año, entablaron relaciones de cercanía con estas menores. Ambos reconocieron ayer conocerlas y «ayudarlas» con dinero, pero negaron cualquier encuentro sexual en ese periodo. Incluso las culparon de dominarles. De hecho se presentaron como víctimas y alegaron que actuaron «por iniciativa de ellas».
La posterior declaración de una de las víctimas les dejó en muy mal lugar. Esta chica admitió que, tanto ella como la otra perjudicada, les reclamaban dinero y tabaco con frecuencia. Del altruismo inicial, ambos procesados pronto pasaron a exigir contraprestaciones. Según este testimonio, se sucedieron tocamientos, masturbaciones... Con uno, en la habitación del piso donde residía de alquiler. Con el otro, en su coche.
Los encuentros sexuales ocurrieron de noche. Se supone que cuando una estaba fugada de Sansoheta –también vivió acogida en otros centros forales– y la otra debía pernoctar en la casa de su familia, aunque también estaba tutelada. «Una vez» recibieron «cien euros» por un servicio, relató esta adolescente, la mayor de las afectadas. Por aquel entonces andaba enganchada a las drogas y solía ocultarse en una chabola en Treviño. «Sin dinero de por medio no hubiera hecho nada con ellos», asumió a preguntas del fiscal Josu Izaguirre.
Una educadora social dio la voz de alarma en otoño de 2017. Habían transcurrido varios meses desde del primer encuentro. Se sucedieron bastantes más, pese a que la Diputación había anunciado más medidas de control con los menores tutelados a raíz del 'caso Sansoheta'. Aparte de estas dos menores, la Policía Nacional descubrió en enero de 2017 que otra chica del centro foral Ibaia ejercía de 'madame' en un club de alterne.
Respecto a este juicio –con los magistrados Jesús Poncela, Elena Cabero y Francisco García Romo al frente–, un encausado sí reconoció conocer la minoría de edad de las víctimas. El empleado del locutorio, que precisó un traductor de urdu, dijo en su turno que sólo quiso ayudarlas. «Colaboro con una ONG, me gusta ayudar a la gente».
Sus abogados, Roberto Gutiérrez y Juan María Rodríguez, piden la absolución. Antes del inicio de la vista oral rechazaron un acuerdo de última hora con la Fiscalía de doce años de prisión. Este proceso penal se reactivará en dos semanas al no presentarse ayer la afectada más joven.
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Una portavoz autorizada de la Diputación de Álava manifestó ayer que «los menores que están a nuestro cargo son muy vulnerables y en ocasiones son víctimas de personas sin escrúpulos que se sirven de sus circunstancias personales para cometer delitos de este tipo». A preguntas de EL CORREO, desde el Gabinete de Ramiro González aseguraron que «las menores son víctimas y se está juzgando a los presuntos abusadores. Gracias a los protocolos se logró que pudieran relatar estos hechos y, como es norma, la Diputación los denunció inmediatamente».
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