Sin ninguna prueba sólida, pero sí un hilo de indicios sospechosos. Ayer martes echó el cierre el juicio en la Audiencia Provincial de Álava contra el exconcejal de Laguardia elegido por Ciudadanos, aunque enseguida se pasó a Libres por Euskadi. Se le procesa por « ... simular el incendio» de su obrador de pan hace seis años y culpar a desconocidos relacionados con la izquierda radical. En las paredes de la nave aparecieron insultos como «hijo puta facha» o «facha muérete pronto.
Cabe recordar que la madrugada del 26 de octubre de 2018, el ahora sospechoso alertó de que encontró el pabellón destrozado. Alguien había apilado madera, bandejas, cestas de pan y rociado todo con gasoil. Además había pintarrajeado las paredes con amenazas hacia su persona. El reventón de una tubería de agua «por efecto del calor» impidió que el bloque se redujera a cenizas.
Y también permitió a los investigadores –Ertzaintza y bomberos forales– componer una precisa radiografía de lo ocurrido. Nadie forzó la puerta trasera. Tampoco hubo butrón. «El portón de entrada estaba cerrado sin echar la llave», concluyeron. Es decir, por ahí entró el autor o autores.
El sospechoso
Defiende su inocencia y recuerda a la sala que él encontró las imágenes donde se le ve salir y entrar de la nave
Las cámaras de seguridad de una empresa próxima captaron al exedil saliendo de su empresa sobre las siete de la tarde del día 25 de octubre. Tres horas después, un resplandor evidenció el momento de mayor fulgor del fuego. Luego se supone que la tubería apagó las llamas. Sobre las 0.44 horas del día 26, este hombre volvió. Pasó dos minutos dentro del inmueble y telefoneó al 112. Su denuncia en la comisaría de la localidad riojanoalavesa arrancó a las 7.51 horas.
Aunque regentaba el pabellón en régimen de alquiler con opción de compra –lo vendió dos años antes por sus apreturas económicas– había activado una jugosa póliza de seguros sólo doce días antes del siniestro. El contrato incluía una compensación de hasta 420.000 euros. Enseguida reclamó el dinero a la compañía, que es una de las dos acusaciones particulares. La otra representa al dueño del inmueble, quien en su alegato final admitió que «nuestro interés es obtener la indemnización de quien sea responsable» sin señalar al antiguo político. Exigió una compensación de 92.844 euros.
Denunciante, denunciado
Aunque aquel incidente ocupó portadas, el caso es que el denunciante acabó denunciado. A las pocas semanas, la Ertzaintza abrió diligencias penales en su contra al entender que nadie más pudo provocar aquel desastre, que se llevó consigo la empresa.
Ayer se esperaba con interés la declaración de dos peritos caligráficos. En unas enrevesadas declaraciones por lo complejo del asunto, el experto de la Policía autonómica determinó que el sospechoso fue «el mismo que hizo las pintadas». La tajante conclusión llegó en su tercer informe tras dos previos inconcretos. La defensa, a cargo de Aitor Sáez de Asteasu, presentó una experta que afirmó lo contrario. Que las pintadas no podían atribuirse al procesado, aunque sí las escribió «una única mano».
La fiscal Sara García insistió en condenarle por un delito de «simulación de delito». Reclamó una pena de dos años –que no implicaría la entrada en prisión– y una fuerte sanción económ ica «a criterio de la sala». En su último turno, el exedil insistió en su inocencia y recordó que él encontró las imágenes de videovigilancia.
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