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Lunes, 8 de julio 2024, 13:44
La secretaria general de CC OO en Euskadi, Loli García, ha reclamado este lunes que sea el Parlamento vasco, y no las Juntas Generales, quien tenga las competencias fiscales para «dotar de una coherencia a la hora de determinar mínimos impositivos aplicables a los tres ... territorios históricos» y evitar que, en función de cuál sea la provincia de empadronamiento, «se pueda aplicar diferentes derechos o deberes que en la práctica suponen la ruptura de la cohesión social».
Una petición que adquiere más fuerza porque se ha realizado en la propia Cámara foral alavesa. Hace unas semanas ya comparecieron en el mismo estos los representantes de UGT, ESK, LAB y ELA, y estos últimos también trasladaron un mensaje en el mismo sentido, aunque la líder autonómica de Comisiones ha considerado que «tener un Parlamento sin capacidad legislativa en esta materia es un déficit democrático importante».
La secretaria general de CC OO no se ha centrado exclusivamente en ese punto. Ha hecho un repaso a todas las figuras impositivas para explicar cuál es el punto de vista de su organización a este respecto. Ha planteado la necesidad de «simplificar» el Impuesto de Sociedades para «acabar con la maraña normativa en la que se instala la ingeniería fiscal, en especial a las grandes empresas, para reducir su carga fiscal». Así ha pedido «incrementar el tipo efectivo del impuesto, poniendo el foco en los beneficios y no en el tamaño de la empresa».
García también ha sugerido «mejorar los trabajos de control e inspección y aplicar mayores sanciones por delitos fiscales, incrementar en tres puntos el tipo de impuesto para empresas con beneficios que reducen sus plantillas e incrementar el tipo de impuesto para microempresas y pymes que utilizan la tributación del impuesto al tipo reducido del 20%».
Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Loli García ha propuesto «recuperar la base unificada general para la mayoría de las rentas del capital». En relación a los beneficios fiscales, ha dicho que se trata «un sistema mejorable que ha pasado de ser un mecanismo legal, que permite disminuir la carga tributaria a través de exenciones y bonificaciones, a una especie de colador de beneficios fiscales».
«Creemos que todos los esfuerzos fiscales, en caso de existir, deben dirigirse a potenciar las EPSV de empleo y no las de carácter individual. Las ayudas fiscales sólo se pueden justificar si hay un interés social que, en este caso, es la generalización entre los trabajadores con rentas más bajas», ha agregado.
En materia de vivienda, ha rechazado mantener las deducciones por la compra en propiedad, ya que esa fiscalidad beneficiosa «eleva la burbuja inmobiliaria» y «el precio de la vivienda». También ha solicitado incrementar el tipo impositivo en el caso de las herencias, ya que, «es bajísima» en relación con otros países.
«Queremos un sistema tributario justo y equitativo, en el que contribuye más quien más tiene. El principio de progresividad para nosotros ha de considerarse no en cada impuesto, sino en el conjunto del sistema fiscal», ha concluido García.
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