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El juez Jaime Tapia -que desde enero preside el tribunal del 'caso De Miguel'- ha afirmado este viernes que «desde hace quince años quienes nos movemos en el mundo de la Justicia sabemos que los escritos de las acusaciones normalmente, y para que la gente ... lo entienda, están inflados». Intentando hablar «en abstracto» pero después de conocer la noticia que ha publicado EL CORREO, el magistrado ha afirmado en una entrevista a Radio Vitoria que la «literatura jurídica» ya reconoce que los representantes del Ministerio Público «piden más años» de los que corresponden para después llegar a un acuerdo de conformidad como el que negocia la Fiscalía Provincial de Álava con las defensas de los principales acusados por este supuesto caso de corrupción.
«Esto tiene cierta lógica porque esto es como cuando uno va a regatear al mercado. Te piden doscientos y luego puede quedarse en otra cantidad. ¿Esto está bien? De alguna manera, lo contempla la ley y, por eso, las fiscalías de toda España mantienen que ir con el mínimo legal previsto, las posibilidades de llegar a un pacto de conformidad son mínimas o pocas, pero si fijas una cantidad y luego bajas hay mayores posibilidades», ha declarado Tapia, quien ha considerado que esto trae «muchas desventajas».
El juez -que junto a Elena Cabero y Raúl Aztiria compone el tribunal- ha afirmado que «las penas se ajustan a la proporcinalidad cuando la petición (de penas) de la fiscalía no lo hacía». «Cuando una persona lee que la Fiscalía y las acusaciones piden equis años, eso forma parte de una situación en la que se están contemplando acuerdos que podría rebajarse. Esto coloca en una mala situación a los magistrados porque esas penas están infladas, cuando luego acabamos sentenciando parece que somos benévolos. Para nada, nosotros somos los que nos ajustamos a la legalidad porque somos los que finalmente declaramos que una persona es culpable o inocente», ha apuntado Tapia.
Sea cual sea el futuro del 'caso De Miguel', se llegue a un acuerdo de condena o no, el magistrado ha asegurado que el juicio podría acabar para finales de noviembre. «Tenemos que tener en cuenta que este proceso es como ocho o diez juicios que se han juntado, cada uno con sus respectivas circunstancias», ha señalado Jaime Tapia, quien ha lanzado que a él le «gustaría» que el fallo se publicase para septiembre del próximo año para volver a la «normalidad» en el Palacio de Justicia de Vitoria después del «tsunami» que ha supuesto.
Precisamente, esta circunstancia provocaría que la sentencia llegase después de las elecciones municipales de mayo de 2019. Un respiro para el PNV, ya que temía que las condenas a los 26 imputados -la mayoría cargos y militantes jeltzales- llegase en plena campaña para los comicios.
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