Pedirán a la Diputación que indemnice a las víctimas

Aquella primera voz de alarma data del 5 de abril de 2016 y se produjo en la Policía Local. Dos días después, una educadora del centro amplió denuncia en la Ertzaintza. Como el chico estaba huido, el asunto no prosperó. Según obra en el sumario, el 4 de mayo de ese año, «tres responsables del Área del Menor y Familia de Diputación» se reunieron con agentes locales para «recabar datos sobre lo investigado hasta el momento».

Entre julio y agosto, dijo ayer el exdirector, detectaron que los chicos implicados manejaban «algunos bienes que no se correspondían con las pagas que recibían». En aquella época les daban «11,5 euros a la semana». Y tenían en su poder «móviles de alta gama y ropa cara», remarcan las diligencias.

En este sentido, José Miguel Fernández, Fote, letrado de Clara Campoamor subrayó ayer que «la Diputación era conocedora de que se estaban produciendo estas agresiones sexuales. Así lo comunica la familia que interpone denuncia (en abril), y los talleres de educación sexual y habilidades sociales no nos parecen respuesta adecuada de protección para estos menores».

Fote insistió en «la necesidad» de una investigación. «Primero porque entendemos que hay una responsabilidad subsidiaria por parte del Consejo del Menor y de la Diputación por los daños que se han causado, y tendrán que indemnizar. Segundo, hay que depurar responsabilidades para ver qué cambios habrá que hacer para que nuestros menores estén protegidos».