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PNV, EH Bildu, PSE, PP y Elkarrekin han respaldado este miércoles en las Juntas Generales -Vox se ha abstenido- una iniciativa para someter a la residencia Arabarren a inspecciones «de forma urgente», iniciar procedimientos sancionadores si se detectan infracciones e informar sobre los resultados a ... quienes tienen a sus familiares o allegados en este centro privado del barrio de Lakua que cuenta con el 100% de sus 150 plazas concertadas. Se trata de aspectos que hace semanas se pusieron en marcha. Este acuerdo se ha plasmado sobre el papel antes de que los portavoces se subieran a la tribuna, donde, en cambio, han preferido protagonizar un chaparrón de reproches.
El debate ha tenido lugar 16 días después de que trascendiesen reclamaciones por una caída, una deshidratación y la supuesta falta de plantilla. No son las únicas que han existido y el PP ha desvelado que hace meses recibieron quejas por úlceras por no cambiar los pañales, falta de higiene o problemas con las temperaturas dentro de las habitaciones. «Hay que tomar medidas para evitar que continúe esta situación que se está dando en Arabarren. Hubo usuarios que fueron ingresados en el hospital por otros motivos y cuando se les iba a dar el alta temblaban por tener que regresar a la residencia. No podemos generalizar, pero en Álava hemos sido los mejores en servicios sociales y tenemos que trabajar para volver a serlo», ha reclamado la popular Ana Salazar, sin aclarar cuántas familias han registrado quejas. «No podemos tolerar ni un solo caso», ha señalado.
Claudia Venceslao, de EH Bildu, sirvió de altavoz para alguna de esas denuncias. «Mi hermana no es un coche», ha leído la abertzale. «Nos vendieron Arabarren como una residencia novedosa con programas terapéuticos y no hay actividades, les sientan delante de la tele y punto», ha añadido después. «El buque insignia del Gobierno foral y su modelo de cuidados traen precariedad a las trabajadoras, familias y a las personas atendidas. No han solucionado prácticamente nada hasta que las familias han tenido que poner su cuerpo y alzar la voz», ha lamentado Venceslao.
Begoña Seco, de Elkarrekin, no ha dudado en hacer una crítica generalizada a todas las residencias privadas. «Este modelo no funciona. La única manera de garantizar los derechos de las personas mayores es la gestión pública de los cuidados», ha apuntado. «Están permitiendo que estas empresas se lucren gracias al cuidado precario y condiciones pésimas de las trabajadoras», ha reprochado.
Ante semejantes discursos y más aún después de haber llegado a un acuerdo con los mismos que les criticaban desde la tribuna, el nuevo portavoz del PNV en las Juntas, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha defendido que «el sistema funciona», pese a esos mensajes que «crean una alarma social poco recomendable e innecesaria». «Desde el momento en que existe una denuncia se ponen en marcha todos los protocolos de actuación», ha indicado y ha explicado que los responsables del Servicio de Personas Mayores y la dirección del centro mantienen un «contacto estrecho» con las familias.
«Sabemos que habrá sanciones, si se comprueba que se han cometido irregularidades o negligencias, y también que, además de la inspección anual obligatoria en Arabarren, se gira visita por parte de los técnicos forales cada quince días para testar el nuevo modelo de cuidados y para mantener un contacto directo con usuarios, familiares y trabajadores», ha atestiguado Eva Jiménez (PSE).
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