El parque eólico de Cantoblanco costará 69 millones

Situada entre Añana, Ribera Alta, Valle de Añana y Vitoria, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este lunes la solicitud de los promotores para conseguir la declaración de impacto ambiental. Ese documento, que es el que comprueba qué afección puede tener la instalación sobre aspectos como las aves o el patrimonio cultural, es el más importante para hacer realidad un parque eólico, el que determina si es viable medioambientalmente o si hay que desechar el proyecto por los efectos negativos al ecosistema.

Con una potencia de 49,6 MW, los promotores han entregado al Ejecutivo vasco tanto la memoria del proyecto como un estudio encargado a una consultoría para demostrar la sostenibilidad medioambiental de la iniciativa. Dentro de esas memorias, Euskal Haizie da un primer precio -puede variar- de cuánto costará hacer realidad la infraestructura de Cantoblanco: 69,6 millones de euros.

La cifra resulta incluso algo inferior a la de otros proyectos en el territorio. Iberdrola y el Gobierno vasco, por ejemplo, tendrán que desembolsar 169 millones de euros entre los parques de Labraza y Azaceta, de 40 MW cada uno. A diferencia de los molinos de Aixeindar, de 5 MW, Cantoblanco contará con unos aerogeneradores de 6,2 MW de potencia, también fabricados por Siemens Gamesa.

El proyecto, según desglosa la empresa en sus memorias, tardará 17 meses en estar concluido una vez comiencen las obras. Además del propio parque, Euskal Haizie deberá instalar dos subestaciones eléctricas y una línea de alta tensión entre las dos para verter la energía producida por los molinos a la red.

Entre las medidas que se proponen para evitar riesgos al medioambiente, la más importante es la instalación de unas tiras de neopreno en la línea de alta tensión para ahuyentar a los pájaros de esa infraestructura. Los molinos, además, pararán cuando la velocidad del viento sea inferior a los 5 metros por segundo y se hará un plan de vigilancia durante la explotación del parque eólico para evitar choques entre aves y aerogeneradores y, de suceder, estudiar los porqués de esas colisiones y tomar medidas para que no vuelvan a ocurrir.

Tras la presentación de la solicitud, los ciudadanos, las instituciones y las empresas disponen de un plazo de 30 días hábiles para presentar sus alegaciones contra el parque eólico. Pasado ese tiempo, será el Gobierno quien deberá evaluar el informe y las alegaciones. Tras ello, corresponderá a Lakua dictaminar si se puede seguir adelante con la central renovable, si hay que desechar el proyecto o si se puede hacer pero aplicando una serie de correcciones.