El Parlamento insta al Gobierno y a Vitoria a desatascar los pisos de Salburua

El texto aprobado reclama a las dos instituciones que suscriban «lo antes posible un convenio que traiga consigo la construcción de más de mil viviendas de alquiler social en el barrio de Salburua». Además, se emplaza al Gobierno vasco a que mejore la oferta de este tipo de viviendas en Vitoria «invirtiendo en suelo y edificación». En términos más generales, la moción establece la necesidad de que el Departamento de Vivienda que dirige el socialista Iñaki Arriola «continúe buscando el mayor grado de acuerdo posible con los ayuntamientos de los municipios con demanda de alquiler especialmente alta para posibilitar la consecución de los objetivos compartidos en las políticas de vivienda».

El proyecto de Salburua se convertía así en punta de lanza de un debate en torno a las necesidades de vivienda de alquiler social –que no requiera más del 30% de los ingresos– que existen en la capital alavesa y en toda Euskadi. En el pleno ordinario del Parlamento vasco se pusieron encima de la mesa una serie de datos que apuntalaban la demanda de apremio a las dos instituciones. Desde EH Bildu, que promovió el debate, se recordó que en la lista de Etxebide había 9.371 demandantes de alquiler social a principios de este año, 8.359 empadronados en Vitoria. Desde el grupo abertzale también se afeó que «del total de viviendas en alquiler promovidas» por los ayuntamientos vascos, «sólo el 1% se encuentra en Álava».

La oferta de Salburua pareció encontrar una salida a mediados de este mes, después de dieciséis años atascado. Pero en menos de una semana volvía a entrar en parada cuando elEjecutivo de Gorka Urtaran requirió rehabilitar 62 viviendas municipales a cambio de ceder los terrenos, un movimiento que, hoy por hoy, ve inviable el departamento de Iñaki Arriola.

El Gobierno vasco dispone de terreno para construir 500 viviendas en esa zona, de las que tiene en construcción alrededor de trescientas. Necesitaría suelo para levantar 417. Gorka Urtaran, planteó días atrás que la condición de rehabilitar 62 pisos «no debería ser un problema. Supone el 6,2% del total. No son cantidades suficientes como para poner patas arriba este acuerdo». «Es un plan viable, tiene encaje legal y, además, responde al sentido común», añadió.