Juicio en la Audiencia Provincial de Álava

Una pareja de okupas deberá pagar 58.000 euros por vaciar el adosado en Álava del que les desalojaron

Lo que no trascendió entonces es que, antes de entregar las llaves del chalé en el que vivieron varios meses de okupas –al dejar de pagar el alquiler–, vaciaron el inmueble y causaron multitud de desperfectos. El inventario elaborado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria y la Fiscalía de Álava reflejó más de 110 objetos sustraídos.

La relación incluía productos de toda clase: un armario ropero de dos puertas, un microondas, un lavavajillas, la cubertería, una cómoda, varias mesas y sillas, camas, cuadros, un sifonier, un cochecito de bebé, álbumes de fotos, estanterías... Un ajuar valorado por la justicia en casi 55.000 euros.

A esto se unieron otros «8.836 euros» por la reparación de los desperfectos en la casa. Debido a que al recuperar su domicilio, el propietario legítimo –ya fallecido– descubrió graves desperfectos en las paredes, zócalos, instalación eléctrica, el suelo de la tarima y en una estufa de pellets.

Esta pareja compareció en la mañana de ayer en la Audiencia Provincial de Álava con los cargos de apropiación indebida y daños. Antes de entrar en sala, el Ministerio Público y las dos acusaciones particulares –la familia del dueño y una aseguradora– exigían un global de 34 meses de prisión para cada uno. Y abonar de manera conjunta una multa de 3.600 euros y una indemnización de 67.647 euros. Ambos sospechosos contaban antes de la vista con «antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia». Es decir, estaban limpios.

Como suele ser habitual en estos procedimientos, las partes hablaron antes de presentarse ante los magistrados Jesús Poncela, Ana Zulueta y Francisco García Romo. Carmelo Pascual, letrado de esta pareja, mantuvo varios encuentros con la fiscal Sara García y los otros abogados.

Tras varias idas y venidas, todos los bandos cedieron y acordaron 18 meses de cárcel (un año por la apropiación y seis meses por los daños) que no implicarían ingreso penitenciario alguno. En cuanto al dinero, el preacuerdo cifraba una multa de 2.880 euros, así como una indemnización de 58.836 euros a razón de 100 euros al mes (a pagar siempre entre los dos procesados).

Estas conversaciones se alargaron más de la cuenta por las dudas entre los acusados. Especialmente, ella. Al final, y tras recibir un serio aviso del tribunal, todos cedieron en sus postulados iniciales. Aunque en el acto de conformidad aún peligró el frágil consenso.

A la hora de expresar su consentimiento, los dos antiguos okupas reconocieron los hechos, pero uno alegó que «no estoy conforme» y la otra dijo que «porque no me queda más remedio». Tras un toque de atención del presidente de la sala se limitaron a dar su aprobación a la pena, como manda el protocolo en estos casos.