El Palacio de Justicia cumple 25 años con un ritmo de 3.000 sentencias y autos al mes

Aquel miércoles 22 de junio de 1994 -con el entonces superministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch de estrella invitada-, Marga Bajo acudió a su puesto como secretaria de la presidencia. Ayer se jubiló. «Sólo puedo hablar maravillas de estos años», compartió a EL CORREO desde la segunda planta de este prisma triangular de metal y hormigón, ejemplo arquitectónico para otras sedes, aunque su majestuoso vestíbulo probablemente ganaría enteros con algo más de luz.

Mucho han cambiado las sesiones desde entonces. Roberto Gutiérrez Balmaseda es de los pocos letrados supervivientes. «En aquella época, las sentencias se hacían a máquina y con típex y faltas de ortografía, no había bases de datos y nos pasábamos horas mirando libros de jurisprudencia, escrutando boletines en papel y comparando leyes. Algunos abogados hacían las copias con calca, sin hacer fotocopias», evoca.

Hoy, las oficinas no se distinguen de cualquier otra gran empresa. Lo que ven sus funcionarios representa el toque diferencial. Los shows de La María, matriarca de los 'bartolos'. El acusado que lanzó decenas de papeles al aire en pleno juicio como protesta. El policía que en sus ratos ejerce de abogado colegiado. Otro letrado, por cierto, ha anunciado su ingreso en el Seminario.

También fue objetivo de la banda terrorista ETA. A las seis de la mañana del 1 de octubre de 2001, un coche bomba cargado con 40 kilos de dinamita destrozó la fachada Sur, aparte de decenas de coches estacionados en ese tramo de la Avenida y las viviendas de enfrente. Los daños se valoraron en 1,2 millones de euros. Sólo una persona resultó herida, y leve. El Palacio se vio abocado a parar su actividad. «Varios funcionarios fueron autorizados a entrar para salvar expedientes», apunta el juez Jesús Poncela.

En este bloque celebran bodas civiles, inscriben a los recién nacidos, se da apoyo a las víctimas de violencia de género o se dictan fallos contra hipotecas abusivas. «La Justicia ha llegado a todos los estamentos sociales, todo el mundo puede poner una denuncia», enfatiza la presidenta de la Audiencia Provincial, Mercedes Guerrero. «Somos pioneros en cláusulas abusivas por contratos bancarios y otros derechos del consumidor. El Supremo ha tenido muy en cuenta muchas de nuestras sentencias». La primera prisión permanente revisable -un sucedáneo de la cadena perpetua- del País Vasco se firmó aquí. Al asesino de la niña Alicia.

El Palacio de Justicia es también el de la lucha contra la corrupción. Ahí está el caso 'De Miguel', cuyo fallo se espera para después de verano. Cinco años invirtió en investigarlo el magistrado vitoriano Roberto Ramos, ahora al frente del Juzgado de lo Penal 2. Al margen de este caso, el momento que más le marcó «fue cuando en una guardia tuve que ir al atentado de ETA al cuartel de la Guardia Civil en 2008. Fue terrible lo que vimos allí», se sincera. Los terroristas segaron la vida del agente Juan Manuel Piñuel.

El otro puntal del caso 'De Miguel' es el fiscal jefe, Josu Izaguirre. «En 2007, al poco de llegar, me impactó el asesinato cometido por el hostelero Ramón Talegón contra su suegra, la mató pese a que ella se comprometió a prestarle dinero», afirma.

Almudena Serrano ejerce de letrada de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) en Instrucción número 2. Estos juzgados son la primera trinchera. Recogen denuncias, interrogan a sospechosos y testigos, autorizan registros policiales, ordenan ingresos en prisión o levantan cadáveres, lo que toque. «Los delitos contra la libertad sexual, cuando hay víctimas muy desprotegidas, te marcan mucho».