A la oposición del Ayuntamiento de Vitoria no le convence el actual sistema de cita previa para tramitar denuncias de la Policía Local. Las tres formaciones ajenas al gobierno municipal (EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos) avivaron ayer la polémica y el debate que existe ... sobre este modelo al dejar patente su rechazo a que las comisarías de la Guardia urbana prioricen las reservas con antelación con carácter general. Aunque lo hicieron en diferente grado de contundencia y sin ser capaces de sellar un acuerdo conjunto para fortalecer su mensaje (algo previsible ante una inminente cita electoral), coincidieron en lo esencial: la Policía Local debe anteponer un servicio presencial y directo a la ciudadanía a la hora de denunciar un delito.
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Los grupos de la oposición no sólo exigen que las denuncias sin cita previa sean atendidas, algo que ya hace la Guardia urbana en situaciones graves, que requieren una acción inmediata, por motivos de fuerza mayor o cuando la agenda de esa sección policial está desocupada. Las formaciones consideran que el Ayuntamiento debe recuperar la cita presencial e inmediata para todos los casos. En contra de este planteamiento, la Policía Local tiene «orden» de dar «prioridad» a quienes han reservado la cita, salvo en los casos mencionados. En cambio, si el delito no requiere una identificación u otras «acciones urgentes», los agentes buscan otro «hueco libre para ese día, en Aguirrelanda o José Erbina, además de indicarle cómo solicitar cita para el día siguiente».
El PP fue el más contundente al plantear que la Policía Local eliminara este sistema por perjudicar a los usuarios que sufren una «brecha digital». Además, la portavoz Ainhoa Domaica (PP) cree que la implantación de este modelo responde a una «falta de agentes» para abrir un segundo puesto de denuncias en el centro (José Erbina). «La saturación era tal que tomaron esta medida para que no se note tanto», aseguró. Los populares consideran que este sistema «desincentiva» la interposición de denuncias.
Aunque la discusión se centró en los trámites de la Policía Local, ya que fue el asunto que elevó el PP al Pleno de ayer, buena parte de los argumentos podrían trasladarse al resto de ámbitos de atención ciudadana. EH Bildu y Elkarrekin Podemos abogan por «recuperar» el modelo de atención «previo a la pandemia», que provocó un cambio radical en la relación entre la ciudadanía y la administración. De hecho, ambas formaciones recordaron que el Ministerio para la Transformación Digital «está trabajando en la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa», por lo que existen «motivos técnicos», más allá de una idea política.
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La diferencia con los populares se encuentra precisamente en que tanto Bildu como Podemos mantendrían la cita previa, aunque con carácter opcional y sin prioridad. «El sistema de atención directa y presencial debería prevalecer, y que fuera complementada con la cita previa», explicó el concejal Alberto Porras (EH Bildu), quien destacó que la necesidad de conocer sistemas informáticos y la posible falta de efectivos «a veces suponen una dificultad».
«Hay que asegurar el personal suficiente para atender al momento y con cita previa, pero no se contempló reforzar el servicio. Se tiró de lo que había, que ya era insuficiente», abundó el edil soberanista. Por su lado, Óscar Fernández (Elkarrekin Podemos), señaló que «la cita previa puede ser interesante si es opcional, pero que no sea un impedimento para quienes acuden a las oficinas».
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Pese a que toda la oposición cuestionó la eficacia del modelo actual, el Gabinete Etxebarria hizo una defensa férrea de su decisión. El concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubai (PNV), repitió varias veces que se trata de una «cita previa voluntaria» y que es una «buena medida». En este sentido, reveló que entre el 2 y el 17 de abril, se presentaron 287 denuncias, de las que 187 se tramitaron con cita previa (el 65%) y las otras 100, sin ella. El edil cifró en un «90% las denuncias no urgentes», y afirmó que los ciudadanos «antes esperaban horas» para realizar este trámite mientras que ahora, «prácticamente nada», mientras que recordó que el sistema «funciona bien» en la Ertzaintza.
Sin embargo, en un intento de lograr el respaldo de algún grupo de la oposición, el concejal nacionalista dijo que estaba «dispuesto a evaluar la medida dentro de un año con un informe técnico y un debate». Sólo convenció a su socio de gobierno (PSE). Desde la oposición insistieron en anteponer la atención directa.
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Susana Ramos vive una especie de 'déjà vu'. Hace tres semanas que entraron a robar en su camarote en el bloque de viviendas de Alokabide en el que reside. Esta vitoriana acudió a la comisaría de Aguirrelanda para presentar una denuncia. «Tuve que esperar mucho tiempo y me terminaron aconsejando pedir una cita previa para poder presentar la denuncia». La visita se repitió al día siguiente en el que abrieron el expediente. Pues bien, la semana pasada la escena se repitió. «Me han vuelto a entrar a robar en el camarote. Como es un piso de Alokabide, no he querido poner ningún candado ni otras medidas hasta que lo arreglen». Diariamente subía a revisar que todo seguía en regla, pero la falta de un sofá cama plegable le alertó de que habían vuelto a entrar. «Fui a denunciarlo a la Policía Local. Como la anterior vez tuve que esperar tanto, directamente llamé para pedir cita. No me dieron hora hasta tres días más tarde». Ahora, Ramos exige un justificante de la demora para presentarlo en Alokabide.
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