La oposición obliga al PNV a frenar el plan de Miñano salpicado por el 'caso De Miguel'

La ampliación del centro tecnológico de Álava, situado en la localidad de Miñano, tendrá que esperar. La oposición municipal ha dejado solo al alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, quien consciente de su minoría en el Ayuntamiento -tan solo cuenta con el apoyo de cinco concejales del PNV y otros cuatro del PSE en un pleno de 27 escaños- ha decidido paralizar los planes urbanísticos imprescindibles para que el parque sume nuevas parcelas a su patrimonio.

PP, EH Bildu y Podemos habían criticado este proyecto salpicado por el 'caso De Miguel', la red vinculada al PNV que presuntamente realizaba adjudicaciones 'a dedo' a cambio de comisiones. De hecho, el juez Roberto Ramos consideró en la fase de instrucción que esta adjudicación a la empresa Stoa en 2008 se realizó «de manera irregular» y que fue el desencadenante de la denuncia que dejó al descubierto esta trama. Por eso, el fiscal Josu Izaguirre ha solicitado doce años de cárcel para su administrador, Sergio Fernández. Una petición que podría verse rebajada por la negociación que, en estos momentos, están manteniendo sus abogados con el Ministerio Público a cambio de que los principales acusados asuman que cometieron determinados delitos.

Pero la decisión del PNV de Vitoria no supone romper el contrato entre Stoa y el parque de Miñano -del que el Consistorio es socio al 2,27%; la Diputación a través de Álava Agencia de Desarrollo al 32,93% y el Gobierno vasco, con la sociedad Spri, al 64,80%-, que se ha reactivado 10 años después de su firma y en plena tormenta judicial. Solo supone «congelar» los trámites urbanísticos imprescindibles que, de manera paralela, se deben desarrollar para que en el futuro haya espacio suficiente para la llegada de nuevas empresas. Urtaran justifica que «la suspensión en la tramitación de este expediente tiene como objetivo que los grupos municipales y todo el mundo pueda observar que no hay mayores intereses de que el centro tecnológico de Miñano tenga reservas de suelo suficientes».

De esta manera, se quiere esperar hasta que se resuelva el 'caso De Miguel' y el tribunal presidido por el juez Jaime Tapia dictamine sobre la legalidad del contrato con Stoa para despejar las dudas. Una sentencia que bien podría demorarse hasta un año. «Si se suspende ahora el contrato, habría que indemnizar a la empresa. Si efectivamente ha habido algo y los magistrados declaran ilegal el contrato, se podrá rescindir sin coste alguno. Pero, en todo caso, no es el Ayuntamiento quien suscribió el contrato con la empresa sino el parque tecnológico», subraya el regidor de la capital alavesa.

En todo momento, el centro tecnológico ha defendido que se sigue «el procedimiento» correspondiente a este contrato y fuentes del Gobierno vasco han insistido en que se está ejecutando ahora «por los largos trámites que se necesitan para su desarrollo».